La fuerte represión de las protestas antigubernamentales entre abril y julio de 2017 consolidaron la posición de Nicolás Maduro al frente del gobierno socialista. Las políticas aplicadas a partir de esos eventos le ha permitido mermar la capacidad de la dirigencia opositora y mantener atomizadas las protestas de los sectores laborales y populares que demandan mejoras económicas y servicios públicos
En ese furioso 2017 que ahora pocos parecen recordar, hubo al menos 6.729 protestas, mataron a 163 venezolanos -la mayoría jóvenes estudiantes-, centenares de opositores quedaron bajo procesos judiciales ilegales; cientos de miles de personas aceleraron su diáspora fuera del país. Julio es el mes en el que se apagaron las protestas bajo la bota de la represión. Hoy Maduro sigue aferrado a un gobierno sin fecha de término, mientras la oposición está diezmada, fragmentada, e incapaz de ponerse acuerdo ni siquiera en una estrategia común.
El Estímulo recuerda esos meses intensos y peligrosos en los que se precipitó la crisis política, económica y social que sigue latente, apenas cubierta por un barniz de supuesta normalidad.
En estos tiempos en que desde el gobierno de Nicolás Maduro se intenta fingir que «Venezuela se arregló» con la apertura económica, y «garantías democráticas» están en las cárceles 240 presos políticos; la tercera parte de los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 y declarada en desacato tuvieron que salir al exilio, y 94% de la población se encuentra en la pobreza, con precarios servicios públicos, sin acceso a la salud, con medios de comunicación bloqueados e impedida de protestar.
La entonces cohesionada oposición insistía en que sólo mediante un cambio político profundo y con la salida de Maduro se podría enfrentar y superar la grave crisis económica y social de Venezuela.
Pero hoy no hay señales de cambios políticos y a crisis sigue agudizándose.
La sociedad es cada vez más desigual y la economía está aislada del sistema financiero internacional. Venezuela se ha convertido en un enorme puerto libre, donde las importaciones masivas con bajos o nulos aranceles llenan los estantes de toda clase de productos básicos y de lujo, mientars la industria nacional languidece.
La caída institucional y económica se profundizó tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 y desde esos años, el sucesor designado a dedo, Nicolás Maduro, ha protagonizado un declive sin precedentes en el continente hasta llevar a Venezuela a ser uno de los países más pobres y con mayor inflación en el mundo.
Cada cierto tiempo el discurso de Maduro ofrece un nuevo plan económico y hace promesas de que se iniciará una recuperación del país. Las sanciones económicas y los supuestos ataques de “saboteo” a las instalaciones de servicios han sido sus más importantes aliados para justificar con la propaganda los altos niveles de deterioro del país.
Aplaudido por sus colaboradores cercanos, Maduro ha logrando mantenerse en el poder durante nueve años consecutivos. En los últimos meses, a partir de la liberación de precios, apertura de importaciones y entrega de empresas y áreas de la economía a empresarios aliados y figuras cercanas del partido, la campaña gubernamental se orienta a afirmar que en Venezuela hay normalidad y el gobierno cuenta con apoyo social.
La ironía de Maduro ha llegado a tal nivel que hace poco afirmó que su gobierno merecía el Premio Nobel de Economía.
Tan asentada está esa campaña que este 4 de julio el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, saludó lo que calificó como «la gradual normalización” de la situación entre el gobierno y la oposición.
“Aplaudimos la gradual normalización de la situación en Venezuela y alrededor de Venezuela, algo que ha sido posible gracias a la política hábil y responsable del Gobierno y del presidente, Nicolás Maduro”, declaró Lavrov representante del principal aliado internacional de Maduro.
Estamos a las puertas de reiniciar una nueva mesa de diálogos entre la oposición y el gobierno madurista. Un mecanismo que ha surgido y desaparecido en más de 20 años de conflictos políticos y ausencia de instituciones independientes.
Esta nueva etapa de “normalidad” se inicia luego de haber logrado la atomización del descontento tras los acontecimientos de extrema violencia que se vivieron en todo el país a partir de las movilizaciones que explotaron en abril de 2017 como respuesta a una política gubernamental que eliminó a la Asamblea Nacional electa en 2015 y cerró los espacios al ejercicio político de la oposición venezolana.
Los largos meses de intensas protestas en las calles de Venezuela pusieron en jaque al gobierno de Maduro, que mostró su garra más represora. Hoy, varias denuncias por los excesos cometidos por los agentes del Estado y los paramilitares chavistas reposan en los laberintos burocráticos de la Corte Penal Internacional o la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Derechos Humanos de la ONU.
Pero hasta ahí…lo que cobra fuerza es el olvido, la amnesia colectiva de un país que ya no parece recordar de dónde vienen estos lodazales.
En Venezuela los que mantuvieron a la población mejor informada en medio de la censura en radio, TV y prensa escrita, fueron los medios digitales, entre ellos El Estímulo (que ganó un premio a la Excelencia Periodística por esa cobertura de las protestas y la represión).
Después que el oficialismo y el nuevo gobierno de Maduro perdieran en diciembre de 2015 la mayoría de la Asamblea Nacional, se iniciaron una serie de medidas que apuntaron a neutralizar el avance opositor y aferrase al poder.
La primera medida fue anular la elección de cuatro diputados de Amazonas, cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró en «desacato» a la Asamblea Nacional.
En medio de la crisis por el desconocimiento de estos diputados la oposición llamó en 2016 a un referendo revocatorio correspondiente a la mitad del período de Maduro. Pero el 20 de octubre de ese año el CNE anuló la recolección de firmas en varios estados alegando supuesto fraude por parte de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Ello desató el comienzo de las protestas.
La crisis se agudizó cuando el 28 de marzo de 2017, el TSJ, con la sentencia 155, anunció el retiro de la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de que estos pudieran ser enjuiciados incluso ante tribunales militares.
El 29 de marzo, la sentencia 156 estableció que el TSJ garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por este mismo ente judicial o por el órgano que ella disponga, mientras persista la “situación de desacato y de invalidez” de las actuaciones de la Asamblea Nacional.
Al momento de darse las sentencias la reacción en el país y de organismos de la región fue calificada como un “autogolpe de Estado” ya que en la práctica se estaba disolviendo a la Asamblea. El TSJ justificó sus acciones señalando que no se le estaba disolviendo sino que “estarían supliendo sus labores” hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato.
El “autogolpe de Estado” originó una convocatoria por la oposición a protestar el 31 de marzo de 2017, en rechazo a un fallo del TSJ que se adjudicó competencias legislativas, mientras crecía la presión externa contra el gobierno de Maduro.
A la postre estas medidas sumarias, el desconocimiento de una institución electa por el voto universal, directo y secreto; la persecución a los dirigentes de la oposición; la represión violenta contra las protestas -pacíficas o no-; los asesinatos de manifestantes y en general los atentados a la democracia y a los derechos humanos, fueron las razones que llevaron a medio centenar de países americanos y europeos a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y aplicar sanciones a la nomenklatura del chavismo.
La rebelión cívica quedó enterada el 30 de julio de 2017, cuando el chavismo impuso la elección de una supuesta Asamblea Constituyente que terminaría dando a Maduro poderes supremos para gobernar por decreto.
Esa asamblea estuvo presidida por Diosdado Cabello, entonces el número dos del chavismo, pero nunca redactó ni un solo artículo de una nueva Constitución Nacional. Pero en cambio terminó por servir de manpara para asumir las pocas funciones que le quedaban a la verdadera Asamblea Nacional (Congreso) después que el chavista Tribunal Supremo de Justicia le confiscara todos su poderes reales y la convirtiera en un cascarón vacío.
Ese proceso agudizado en 2017 fue un fujimorazo en cámara lenta.
Hasta hoy algunos gobiernos de democracia occidentales siguen reconociendo la supuesta vigencia de ese liquidado parlamento electo en 2015.
A partir del primero de abril se sucedieron una cadena de protestas en todo el país que fueron severamente reprimidas por la Guardia Nacional, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN, la policía política) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En la represión también jugaron un papel clave los llamados «colectivos», bandas armadas de civiles vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Según el registro que hiciera el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país se produjeron 6.729 manifestaciones, equivalentes a 56 protestas diarias.
Las manifestaciones se generaron en zonas urbanas, rurales, sectores populares y residenciales. Distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira y Mérida fueron las entidades donde se registraron mayor número de actividades.
Como otras ONG defensoras de los derechos humanos y muchos medios independientes, el OVCS suele estar bloqueado por el gobierno, que a través de Conatel ordena a operadoras de internet, empresas públicas o privadas, como Cantv, Inter, Movistar y Digitel, impedir el acceso a esta información.
Al público más avisado le queda el recurso de bajar aplicaciones de DNS para acceder a estos portales como si estuviera en el exterior del país.
La mayoría de las personas asesinadas durante estas manifestaciones fueron jóvenesde entre 14 y 26 años de edad.
Los análisis del OVCS, precisaron 163 muertes desde el 6 de abril hasta el 13 de agosto de 2017. En ese lapso el Ministerio Público reconoció el fallecimiento de 129 personas. Las muertes se ubicaron en 14 estados del país. Distrito Capital, Miranda, Lara y Carabobo concentraron el mayor número de víctimas.
Muchas son las dramáticas historias de los jóvenes asesinados a manos de cuerpos de seguridad y grupos armados. Uno de los casos más dramáticos de aquellas jornadas fue el asesinato del joven David Vallenilla de 22 años, durante una manifestación en La Carlota el 22 de junio de 2017 en la autopista Francisco Fajardo por un disparo del sargento de la Aviación Arli Méndez Terán, directamente al pecho.
Se encontraba frente a la base militar La Carlota cuando el funcionario le disparó a quemarropa. Era hijo único, trabajaba en una clínica y le faltaba poco para graduarse de enfermero. El sargento Méndez Terán fue condenado a 23 años de prisión el 22 de octubre de 2021. Esta sentencia ocurrió luego de que el 1° de octubre recibiera una medida absolutoria por parte del Tribunal 15 de juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Kenia Carillo Galvao. Pero, ante esta decisión, que generó indignación en el país, se solicitó una apelación de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas la cual ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, murió el 26 de abril cuando un efectivo de la Guardia Nacional le disparó con un cartucho de bomba lacrimógena al tórax que le produjo un shock cardiogénico mientras se encontraba en una manifestación en Altamira.
En los primeros días, el gobierno de Maduro afirmaba que Pernalete había sido asesinado por sus propios compañeros manifestantes con una «pistola de perno».
En mayo de 2021 el Ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.
La joven de 23 años Paula Andreína Ramírez Gómez, quien se encontraba el 19 de abril en las inmediaciones de la plaza San Carlos (plaza Las Palomas), en San Cristóbal, estado Táchira, fue interceptada por grupos colectivos en motos que operaban en la zona. Los sujetos le robaron sus pertenencias, la persiguieron y fue impactada por un proyectil que le perforó los pulmones. Paola era estudiante de la Universidad Católica del Táchira.
Armando Cañizalez Carrillo, violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil, del Sistema Nacional de Orquestas, de 18 años de edad, fue asesinado el 3 de mayo de 2017 en la avenida Río de Janeiro, en Las Mercedes, Caracas, al recibir un disparo en la base del cuello en medio de la represión policial de una manifestación. Iba a iniciar estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, UCV.
Desde el primero de abril hasta el 12 de julio de 2017 se produjeron 3.880 arrestos (la mayoría arbitrarios) por las protestas en todo el país. De ellos quedaron presos 1.140 manifestantes, según los datos aportados por la ONG Foro Penal.
Entre el 1 de abril hasta el 18 de mayo de 2017, en mes y medio de protestas, 295 civiles fueron procesados por tribunales militares, lo que contraría la letra expresa de la Constitución, que establece que toda persona solo puede ser procesada por sus jueces naturales.
A partir de esa fecha, hasta el 12 de julio se sumaron otros 75 detenidos y llevados ante tribunales militares, para un total de 370 procesados. Para esa fecha había 454 civiles procesados por tribunales militares. La mayoría fueron enviados a los calabozos del SEBIN. Adicionalmente había en las cárceles políticas 85 militares procesados por supuesta «rebelión y traición a la patria».
El martes 6 de junio, en el Palacio de Justicia, se dictaron sentencias contra 38 jóvenes, todos ellos estudiantes de distintas universidades, detenidos unos días antes. De ese grupo, la tercera parte quedó tras las rejas. Del grupo sentenciado, la joven Yusneibi López, al conocer que regresaría a la prisión se desesperó e intentó lanzarse por una ventana desde el primer piso del Palacio de Justicia.
Para contener las protestas que se generaron a partir de abril de 2017, el presidente Nicolás Maduro activó el llamado “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, en fase verde”.
Según destacó un escrito publicado por la Organización no gubernamental venezolana de defensa de los Derechos Humanos (Provea) se trató de “un plan estratégico y operacional que activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional”.
Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un período de crisis.
El 28 de diciembre de 2016 en un acto para despedir el año junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro anunció el desarrollo del operativo “Plan Zamora” para 2017.
En ese evento dijo: “Viene un año (2017) de expansión de todas las fuerzas especiales, para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”.
Las amenazas, según la alocución, provenían de las organizaciones partidistas opositoras a las cuales el gobierno calificaba de “promotoras del paramilitarismo”, responsables de diferentes protestas ocurridas durante el año. Maduro llamó a fortalecer la “guerra de todo el pueblo”:
“Tenemos que fortalecer las capacidades de inteligencia. Y aquí, quién más sabe de todo es el pueblo de Venezuela. ¡Busquemos a las organizaciones populares, a las UBCh, a los Consejos Comunales, a los CLAP, a los Congresos de la Patria, para que ustedes vean cómo articulamos una inteligencia en el concepto de guerra de todo el pueblo!”.
La filosofía de este plan partió de derrotar un “enemigo interno” con la lógica de la guerra usando para enfrentarlo no solo a la Fuerza Armada, sino a las las milicias y a las “organizaciones del Poder Popular” que significa usar a sectores de la población en diversas formas (labores de inteligencia, confrontación directa con o sin armas); esto último a través de los grupos paramilitares, indicó Provea.
En aquellos dramáticos meses, cientos de historias de jóvenes “neutralizados” por el plan cívico militar quedaron registradas en las crónicas de los periodistas.
Gianni Scovino, de 33 años, salió el 13 de julio de 2017 por las cercanías del centro Plaza Mayor, en Lechería, estado Anzoátegui, donde se produciría una de las tantas protestas contra las políticas del gobierno de Maduro. Lo único que llevaba encima era un pequeño morral rojo con sus objetos personales. El azar lo llevó al lugar en donde se producía la manifestación de opositores.
El involuntario error de transitar en solitario en dicha zona sin prestar mayor atención a lo que ocurría a su alrededor, lo puso en la mira policial. Quizás contribuyó el hecho de que el joven no hablaba con nadie, era introvertido, aunque la familia explicó en su momento al Foro Penal que no poseía un diagnóstico certificado de Asperger.
Al menos 10 guardias nacionales y policías nacionales, reforzados por cuatro parejas de motorizados, cayeron sobre Scovino. En segundos desapareció entre el ciclón verde oliva de uniformados bajo una tormenta de golpes con puños, culatas de las armas largas, patadas y remate con los escudos antimotines.
Sólo el resplandor rojo del pequeño morral resaltaba intermitentemente en la furiosa arremetida. Arrastrado por el piso, sin ninguna posibilidad de defensa, destrozado y sin comprender qué ocurría, fue trasladado a un comando de la GNB.
Hoy, cinco años después de las protestas que terminaron en julio de 2017, la burbuja que se promueve como recuperación, según los analistas económicos, solo llega a poco menos de 10% de la población.
El sector laboral activo se ha volcado en la economía informal que según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, llega a 84,5%. El crecimiento que se prevé para 2022, entre 5 a 10 por ciento del PIB, es el rebote de una reducción de nuestra economía de 80% en los últimos nueve años.
En este escenario se ha consolidado la concentración del poder, no se observan cambios políticos que apunten a recuperar el sistema educativo, salud, servicios públicos y niveles de ingresos aceptable y la persecución política se ha mantenido.
Han sido más de tres mil dramas que describen cinco años de sucesos, en un país que ha perdido gran parte de su juventud en una diáspora que ya suma a seis millones de venezolanos regados por el mundo.
La sociedad civil mermada por aquellos acontecimientos, ahora, a través del trabajo, de sus organizaciones civiles y políticas, buscan nuevas vías para reconstruir parte del país libre y productivo que alguno vez fue hace ya más de 23 años.
La Asamblea chavista, que asumió el poder desde el 30 de julio de 2017, puso fin a sus funciones después de que el chavismo retomara el Congreso en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre. Se despide cumplida su única meta: boicotear al único órgano legítimo que existía en el país y que estaba en manos de la oposición
La Asamblea Constituyente aprobó de forma unánime levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional, Juan Requesens y Julio Borges, por los sucesos ocurridos el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, que de acuerdo a la versión oficial es manejado como un atentado en contra del presidente Nicolás Maduro.
Estados Unidos rechazó el miércoles el llamado a elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela y declaró su apoyo al Grupo de Lima, que ya había condenado el adelanto de los comicios en el país sudamericano.
