Los presos mimados del Gobierno y de Iris Varela

En el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, los que por alguna extraña razón creen que pueden tomar las pertenencias de otro preso, o peor aún, de algún visitante, son sometidos a una extraña sanción: los obligan a juntar las palmas de ambas manos al tiempo que un lugarteniente del mandamás Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, les da un tiro a quemarropa. La lesión ocasionada en ambas manos, además de extraordinariamente dolorosa, quedará como advertencia perenne para otros que hayan pensado hacer lo mismo. Y es, además, la comprobación del indiscutido liderazgo que ejerce Guerrero sobre la población de la cárcel más concurrida del país. “El siguiente tiro será en la cabeza”, me aseguró Andrés —nombre cambiado—, un detenido por tráfico de drogas que se desenvuelve con bastante soltura por los vericuetos de la cárcel. En Tocorón, las faltas se pagan con sangre. Es una norma que no está escrita, pero que se cumple a rajatabla.
El reinado de Guerrero no solo se desprende de la imposición de directrices. Puertas adentro, el líder del “Tren de Aragua” logró implantar en la prisión un sistema de castas. En la base de la pirámide, explicó Andrés, están los “manchados”. Uno los puede ver desde que pasa la segunda prevención e inicia el trayecto hacia el interior de los pabellones. Ese día, un sábado, iban vestidos como si fuesen mormones, con camisa blanca y corbata negra. Los enviaron a ayudar a las viejitas que entraban al recinto, llevándoles los bultos cargados con alimentos.
Los “manchados” hacen el trabajo sucio: limpian los baños, reparan las habitaciones, llevan las cargas de un lado a otro. “El resto de la población no puede tocar a los manchados. Es una raya, por decirlo de una forma. No puedes usar el baño cuando ellos están. No puedes beber en el mismo vaso que ellos. Eso te mancharía”, afirmó Andrés. Además, son sujetos que carecen de medios para cancelar en efectivo las cuotas por protección, conocidas como “causa”. Tampoco tienen grandes habilidades o conocimientos que les permitan sobresalir del resto de los internos. Por eso deben trabajar como si fuesen esclavos.

Arriba de ellos está la población general, que paga la “causa” en efectivo o a través de algún tipo de servicio productivo, ya sea atendiendo una de las bodegas abiertas en el penal, cocinando o haciendo labores de mecánica y construcción. Los recursos generados por este comercio suben hasta el tope de la jerarquía. “Yo me quedo con una parte, que es la que me permite vivir”, admitió Andrés mientras ingería un plato de pollo guisado con vegetales y plátano preparados al vapor.
Por encima de la población están dos niveles que se definen por la proximidad con el líder máximo. Se trata de los luceros o lugartenientes, que constituyen el brazo armado del líder. Más arriba están los consejeros o segundos. Es el círculo íntimo del jerarca, y también están autorizados para llevar armas. A Guerrero, intramuros, le dicen “El principal”. “Eso de pram aquí no se usa”, sentenció Andrés.
Según el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, en la actualidad “Niño Guerrero” es el mayor líder de las prisiones del país. Su feudo, Tocorón, es de acuerdo con el experto “la demostración más clara de la perversión del sistema”. El crecimiento de Guerrero fue acorde con su poder en los negocios. Primero, una constructora. Luego, la famosa discoteca, en la que incluso han pasado veladas memorables dirigentes como el Potro Álvarez. Una y otra se llaman Tokio. Tercero, el abasto —algunos lo llaman bodegón—, donde nunca escasean la harina de maíz ni el whisky. Finalmente, la oficina de cobros y préstamos, emulada posteriormente en Tocuyito.
Nada de esto, indicó Nieto, podría prosperar sin la anuencia de las autoridades.

Mucha confianza para Wilmito
Los reos del internado judicial de Tocuyito, en Carabobo, fueron organizados inicialmente bajo la égida de Wilmer Brizuela, mejor conocido como “Wilmito”. En 2011, encabezó un conflicto en esa cárcel, cuando el recién creado ministerio para Servicio Penitenciario intentaba llevar hasta allá a Yoifre Ruiz, uno de los líderes de la recién intervenida cárcel de Rodeo, junto a su grupo más cercano o “carro”. Producto de esa situación, Brizuela fue llevado nuevamente a Vista Hermosa, tal y como lo solicitaba. Allá mantenía intacta su hegemonía, cimentada durante el quinquenio 2005-2010.
Los relatos sobre Brizuela, tanto en Bolívar como en Tocuyito, son contrastantes. Por una parte, era capaz de ordenar el asesinato de la presidenta del circuito judicial del estado, la abogada Mariela Casado, en un suceso que terminó con la muerte “por equivocación” de los sicarios de su hermana Maria Gabriela. También era señalado de encabezar las redes que extorsionaban a los transportistas de cervezas en la región y, supuestamente, instauró un sistema de calcomanías para aquellos que pagaban la “vacuna” con puntualidad, al estilo de las bandas zulianas.

Pero Brizuela también intentaba dar una cara afable. En una de sus salidas intempestivas de Vista Hermosa fue reconocido en un estadio por un grupo de maestras de la unidad educativa Hipódromo Viejo. Las saludó y les preguntó qué podía hacer por esa instalación, ubicada en el barrio La Shell de Ciudad Bolívar, donde él pasó parte de su niñez. “Luego de eso apareció en la escuela una cuadrilla de hombres que hizo los arreglos pedidos por las maestras y dotó de filtros de agua cada salón de clases”, relató una persona ligada a ese plantel.
En 2015, luego de una breve pasada por Tocuyito y Coro, alias “Wilmito” fue llevado a Tocorón. Allí, según Nieto, se convirtió en consejero de “Niño Guerrero”, aunque supuestamente le permitían mantener sus propios negocios. Al director de Una Ventana para la Libertad no le cabe la menor duda de que Brizuela sufrió un atentado en Margarita, tal y como fue reflejado en una minuta elaborada por los funcionarios de Protección Civil, que lo auxiliaron a él y a su familia en las proximidades de Playa Parguito, el viernes 17 de febrero de 2017.

Para ese momento, Wilmito tenía dos meses de haber recibido el beneficio de un régimen de “confianza tutelada”, una figura que permite al Ejecutivo a través de Servicio Penitenciario otorgar medidas como si se tratara de un juzgado de ejecución. La notificación enviada por el ministerio indicaba que el hombre tenía que estar en el Centro de Régimen Especial Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso. No en una playa de Nueva Esparta.
En la cárcel de Carabobo, Wilmito dejó un sistema ordenado en poder de Néstor Richardi, alias “Papa”, un interno que purgaba condena por homicidio calificado en la ejecución del robo de una moto en Puerto Cabello. A él atribuyen en Tocuyito la instalación de un local a semejanza del que ya operaba en Tocorón, donde se pueden cancelar los montos por la “causa”, y también se hacen entregas de dinero a los reos, con comisiones que pueden llegar al 20% del monto involucrado. Esta oficina fue motivo de escándalo debido a que su fachada e interior estaban decorados con los mismos colores y una marquesina de Banesco.  “Si hay un cartel que dice el nombre del banco y los funcionarios que están adentro ven eso y no hacen nada, entonces también son cómplices”, sentenció Nieto.

Régimen paralelo
En Venezuela operan dos sistemas de cárceles, de acuerdo con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Uno es llamado de “orden cerrado” o nuevo régimen. A las otras, las llaman “privatizadas”. “Son un gran negocio. Cobran a los reclusos por cualquier cosa, bajo la mirada cómplice no solo de Servicio Penitenciario sino también de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público e incluso la Asamblea Nacional”, afirmó.
Las cárceles de nuevo régimen representan, según Prado, aproximadamente el 60% de la población bajo el cuidado de Servicio Penitenciario, que totaliza unas 53.400 personas. En otras palabras, actualmente el llamado “pramato” gobierna sobre unos 22.000 presos.

Las cárceles de nuevo régimen o reestructuradas son las que Varela mostró en 2016 a los parlamentarios de la subcomisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el diputado Richard Blanco. El propio parlamentario recordó que cuando quiso ir a las demás le bloquearon el acceso. Blanco admitió, sin embargo, que en las cárceles de nuevo régimen no vio hacinamiento y los presos están distribuidos según criterios de clasificación por la gravedad de los delitos.

Los negocios, según Blanco, están en los otros internados judiciales. “Allí están involucradas mafias”, sentenció.
Los privilegios en las cárceles se manifiestan no solo en la anuencia para instalar un bar o un bodegón en la cárcel. También se ven cuando uno de los líderes de presos puede organizar fiestas de matrimonio con mariachis incluidos en el propio internado judicial, tal y como sucedió en Barinas con Jean Pier Arenas, en octubre de 2015. Su unión marital fue objeto de reseñas sociales a página completa, pagadas en dos diarios de la prensa regional.

Para otros presos mimados, la cárcel termina siendo un centro de operaciones. Desde allí se puede irradiar una actividad delictiva hacia el entorno callejero, con la certeza de quedar impune.
Era el caso de Teófilo Alfredo Rodríguez, alias “Conejo”, líder del llamado “Tren del Pacífico”. Informes de la Guardia Nacional advertían que durante su “pramato” el internado judicial de la Región Insular, mejor conocido como San Antonio, se había convertido en un centro de cobro de extorsiones, no solo para los internos sino también para comerciantes de toda la isla, que se veían obligados a visitar esa instalación para entregar los paquetes de dinero.

Según Nieto, este reo también controlaba buena parte del tráfico de drogas en Nueva Esparta. La página Facebook de la banda llegó a exhibir tortas de cocaína rosada y panelas que presumiblemente eran de marihuana. “Conejo” fue asesinado por sicarios cuando salía de una discoteca en Porlamar, en enero de 2016. Para ese momento ya estaba formalmente en libertad. Pero mantenía intactas sus redes al interior del penal. La salva de tiros que hicieron los reos al enterarse del crimen contra su líder paralizó a los pobladores de la isla y sentó las bases para la intervención militar del internado judicial, varias semanas después.

¿Es Varela directamente responsable por una situación que hizo posible la existencia de cárceles con bodegones, discotecas y centros de servicio financiero? En este punto las respuestas están divididas. Nieto cree que en muchos casos la ministra y otros dirigentes del régimen son cómplices y beneficiarios. Prado, en cambio, afirma que la integrante más antigua del Gabinete ministerial simplemente carece de capacidad para afrontar esta tarea. Pero aclara que no puede comprobar que se haya beneficiado. Blanco también tiene dudas sobre este punto.

La prueba parece estar en el Internado Judicial de Aragua. El 18 de diciembre, la ministra anunció que “declarará en transición” a Tocorón, cuya población sobrepasa las 8.000 personas. Dos meses y medio después, la situación continúa igual. “¿Tú crees que a nosotros nos va a gustar que nos quiten los teléfonos y nos pongan en nuevo régimen? ¡Ni de vaina! Aquí por lo menos no falta nada”, reflexionó Andrés, luego de finalizar su almuerzo cocinado al vapor.
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