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Crearán la figura del fiscal popular para combatir la especulación

Freddy Bernal
26/10/2017
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FOTO: ARCHIVO / PEDRO MATTEY / AVN

Fue consignado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de ley que otorga rango constitucional a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y crea la figura del fiscal popular.

Freddy Bernal, ministro para Agricultura Urbana y jefe del Centro Nacional de Control de los CLAP (programa de racionamiento de comida), informó que existen 32.400 CLAP en todo el país, con lo que se persigue que la misma cantidad de personas funjan como fiscales en el combate de la “especulación”.

“En cada uno de los 32.400 CLAP habrá un hombre o una mujer electa por el propio pueblo con un perfil particular, que se encargará conjuntamente con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), del seguimiento y control del comercio público y privado para darle un duro golpe a los bachaqueros”, dijo durante el primer encuentro de formación productiva entre instituciones financieras y representante del poder popular, realizado este jueves en la sede del Ministerio de Economía Finanzas, en Caracas.

Indicó que próximamente el instrumento jurídico entrará en el debate constituyente para su aprobación.

 

En lo que va de año se han distribuido 71 millones de cajas de alimentos entre la población, en comparación con los 26 millones repartidas en 2016. Esto es, señaló Bernal, que de 2,6 millones de familias hoy se atienden 6 millones de hogares con 60.000 toneladas de alimentos mensuales.

El gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha este programa social el año pasado como respuesta a la fuerte escasez, producto de los controles de precios y de cambio y de destrucción del aparato productivo.

Esta política está dirigida a los sectores menos favorecidos de la población que reciben cada mes – mes y medio una caja o bolsa con una veintena de productos la mayoría importados que el Ejecutivo adquiere a la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar (Dipro).

El resto de la economía trabaja con un tipo de cambio 4.000 veces superior a la utilizada por el gobierno y que explica en parte la disparada de la inflación de los últimos meses.

 

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