Industria

Las cifras rojas de la industria cementera manejada por el Estado venezolano

El desempeño de cuatro empresas cementeras entre 2011 y 2015 refleja que solo aprovecharon 52% de la capacidad instalada y tres de ellas reflejaron caídas importantes en la producción: Fábrica Nacional de Cemento, 67%; Cemento Andino, 39% y Vencemos, 15%.

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Foto: Cortesía | Archivo

Una investigación realizada por Transparencia Venezuela, iniciada en julio de 2016, sobre las empresas propiedad del Estado determinó que luego de la estatización en 2008 de las cementeras por el gobierno de Hugo Chávez y a pesar de las inversiones que se hicieron para aumentar la capacidad instalada, la producción de 2015 fue de 6 millones de toneladas anuales, es decir, 41% menor a la de 2007, cuando las compañías, en manos privadas, produjeron 10,2 millones de toneladas anuales.

Lejos de fortalecer la producción nacional de materiales y componentes constructivos, lo que ha sucedido es que se presentan enormes déficit en el abastecimiento, lo que ha llevado a importar los insumos faltantes en un contexto inflacionario y de recesión económica, dice el informe.

Se ha permitido que las deficiencias administrativas y el pobre desempeño económico de las empresas queden encubiertos con el auxilio financiero del gobierno central cuando contaba con ingresos para hacerlo.

Todo esto derivó en el descenso de la producción que, sumado a controles de precios y de distribución ha provocado escasez, la creación de mercados paralelos y actos de corrupción, señala el informe de la ONG.

– El holding de lo sombrío –

A partir de 2008 la industria cementera fue víctima de un entramado institucional y políticas públicas cambiantes, con escasa continuidad y proliferación de instancias de organización, que llevaron a las empresas dominadas por el Estado a depender de hasta seis ministerios diferentes: Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (2008), Ministerio de Industrias Básicas y Minería (2009), Ministerio para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias (2010), Ministerio de Industrias (2011), Ministerio de Industrias Básicas, socialistas y estratégicas (junio 2016), Ministerio de Hábitat y Vivienda (noviembre 2016).

Se creó la Corporación Socialista del Cemento, S.A, como el consorcio de todas las empresas estatales del ramo, siendo responsable de la producción, venta y comercialización del cemento y otros materiales de construcción. El holding cuenta con seis empresas cementeras y 10 plantas.

En el caso de la empresa Cerro Azul, consorcio producto del convenio con Irán, hay señalamientos sobre irregularidades como la incompetencia de las empresas iraníes para ejecutar las obras, retrasos en la construcción de la planta, irregularidades en asiento de las empresas involucradas, pues sólo aparecieron en el Registro Nacional de Contratistas años después de iniciar las obra. A lo que se suma la entrega inconclusa de obras.

– La opacidad como regla –

En la investigación se pudo comprobar que no hay información sistemática y constatable que permita evaluar el desempeño de manera consistente del sector de construcción y mantenimiento de obras públicas. Fuera de la presentada en las Memoria y Cuenta de los ministerios de adscripción que se conocieron hasta 2016, la información es muy escueta.

La frecuencia de denuncias de presuntas irregularidades y de hechos de corrupción muestra que existen indicios en unos casos, y constatación en otros, de una mala administración, que supone un dispendio de recursos públicos y una distorsión de los objetivos que se declararon como justificativos de los procesos de expropiación de empresas privadas, así como de la creación de otro grupo.

Los retrasos en la ejecución de las obras, muchas de ellas producto de convenios con una variedad de países, han puesto al descubierto la opacidad de estos acuerdos, indica Transparencia Venezuela.

Mucho de lo encontrado en la investigación tiene impacto en el desempeño no sólo de las propias empresas sino de los beneficiarios de obras como de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que desde el comienzo arrancó con serios problemas de opacidad en su administración.

El estudio sostiene que las empresas en manos del Estado han perdido toda capacidad de reinversión, no cubren la demanda interna de productos y servicios, y tampoco pueden cubrir sus compromisos con recursos propios.

El estudio permite concluir que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro propiciaron una estructura institucional de empresas para la extracción de recursos por parte de una élite, la captura del Estado y el control político, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, elementos característicos de una cleptocracia, concluye el informe.

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