Costos sociales del ajuste comprometen viabilidad económica de la transición política

Venezuela atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere la participación consciente de sus ciudadanos para superarla

Venezuela atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere la participación consciente de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio político, también se requiere un cambio en el modelo económico, lo cual implica la transformación de la cultura rentista por una nueva cultura tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.

Cualquier gobierno que sustituya al régimen de Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Y a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. Por si fuera poco, también tendría que sincerar el precio de la gasolina.

Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.

En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años.

La viabilidad de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento que se genera terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.

Hasta ahora, la atención nacional ha estado muy enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica y social de la transición política. A fin de facilitar este proceso, es necesario elevar el conocimiento económico en la sociedad venezolana para que pueda comprender las causas de la escasez, hiperinflación, desempleo, pobreza y demás problemas económicos que los azotan y, sobre esta base, identificar y apoyar las alternativas de política económica más convenientes para mejorar su calidad de vida y grado de bienestar.

Quienes aspiran a gobernar el país están emplazados a fortalecer la conciencia económica de la sociedad venezolana a fin de facilitar la viabilidad social, económica y política de las reformas económicas que el país necesita. Así será posible crear el consenso y apoyo necesario en torno a las medidas correctas, el orden lógico en el que deben ser aplicadas, así como la velocidad adecuada para asegurar la buena marcha del programa de reformas.

La lección está clara: quienes en Venezuela predican que sin cambios políticos no habrá cambios económicos y aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista, plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario, tendrán que prestar más interés y atención a la distribución de los costos que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas