El presidente Daniel Ortega y la oposición iniciarán una nueva ronda de negociaciones arrancan una nueva ronda de negociaciones para salir de la grave crisis crisis política y económica que vive desde hace 10 meses el país y que conllevó a un movimiento de protesta antigubernamental que fue duramente reprimido y causó la muerte de 325 personas
Varios cientos de opositores han sido encarcelados y más de 50.000 nicaragüenses se han exiliado. A continuación la cronología de los acontecimientos:
El 18 de abril de 2018, el gobierno presentó un proyecto de reforma de las jubilaciones con un alza de las cotizaciones y una baja de las pensiones, lo que desencadenó manifestaciones, iniciadas por estudiantes y duramente reprimidas.
El 22 se abandonó la reforma. La ola de protestas provocó 25 muertos en 5 días de enfrentamientos y de saqueos.
La ira popular persiste. El 23 de abril decenas de miles de trabajadores, estudiantes, campesinos y empresarios se manifestaron en Managua contra la represión.
La ONU reclamó una investigación independiente, y lamentó posibles ejecuciones ilegales.
El 16 de mayo se abrió un diálogo tenso entre el presidente y la oposición bajo la égida de la Iglesia católica. A falta de un acuerdo sobre una democratización del régimen, el diálogo se suspendió después de una semana, y el 28 de mayo se decidió reanudar las negociaciones.
Amnistía Internacional denunció el recurso a grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.
El 30 de mayo los empresarios tomaron distancia con el presidente.
Tras la muerte de 16 manifestantes, los obispos suspendieron las negociaciones.
El 7 de junio, la Iglesia presentó un plan de democratización con unas elecciones presidenciales anticipadas y reformas constitucionales.
El 11 de junio, las fuerzas de seguridad trataron de desmantelar las barricadas en todo el país y se reanudaron los episodios de violencia.
El 14 del mismo mes, una huelga general paralizó Nicaragua con nuevos actos violentos que provocaron más muertes. Otras huelgas le siguieron.
El gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo un día después y autorizaron a observadores de derechos humanos a investigar los actos de violencia.
El 18 de junio, se suspendió el diálogo de nuevo.
El 23 de junio, aumentó la represión, sobre todo alrededor de la Universidad nacional autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se atrincheraron decenas de estudiantes.
El 7 de julio, el presidente rechazó adelantar las presidenciales, calificando a los opositores de golpistas.
El 9 de julio, fuerzas pro-Ortega agredieron a prelados católicos en una basílica de Diriamba, en el suroeste de Nicaragua.
El 16 de julio, se adoptó una ley sobre el terrorismo, que prevé hasta 20 años de prisión para los manifestantes.
El 31 de agosto Managua expulsó a la misión de Naciones Unidas sobre derechos humanos después de un informe que denunciaba un clima de miedo.
El 1 de noviembre Washington calificó a Venezuela, Cuba y Nicaragua, de troika de la tiranía en América Latina.
El 23 la policía prohibió una manifestación de la oposición por participación en un intento de golpe de estado.
El 19 de diciembre, el gobierno expulsó a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusándolas de injerencia.
El 20 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una ley limitando el acceso de Nicaragua a los préstamos internacionales.
Al día siguiente, la policía hizo suspender la difusión de una cadena de televisión crítica con el poder y arrestó a su director, acusado de terrorismo.
El 29 de enero de 2019, la internacional socialista excluyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional por violación de los derechos humanos.
El pasado 21 de febrero,Ortega anunció negociaciones para el día 27 con la oposición para tratar de poner fin a la crisis política.
El 22 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció la criminalización de los opositores y exigió su puesta en libertad antes de cualquier diálogo. El mismo día se suspendieron los procesos de al menos trece opositores.
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