La alternativa para estos negocios es dejar de ofrecer ciertos servicios, explicó el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, en una entrevista transmitida por Unión Radio. Por ejemplo, para vender insumos médicos al detal las farmacias deben pagar 120 unidades tributarias (Bs 18.000) por una autorización.
Quienes no puedan costearla, muy probablemente dejarán de comercializar productos como inyectadoras, gasas, envases para muestras de orina, entre otros, detalló el directivo.
El Sistema Autónomo de la Contraloría Sanitaria, adscrito al Ministerio de Salud, regula todo los relacionado a los permisos y trámites de ley para el sector farmacéutico. En los últimos meses han publicado una serie de providencias que imponen tarifas mucho más elevadas para el cumplimiento de estos requisitos y fijan un monto para procedimientos que anteriormente no tenían costo alguno.
«No todas las farmacias son iguales», señaló Ceballos refiriéndose al hecho de que los establecimientos con músculo financiero para atender estas nuevas erogaciones no representan el mayor porcentaje en el país. De hecho, la mayor parte del sector está compuesto por negocios en pequeños pueblos, caseríos y zonas apartadas de las grandes ciudades, y son estos los que se verán más afectados.
Uno de los factores que más llama la atención de las nuevas providencias de la Contraloría Sanitaria es que para que el representante de alguna farmacia obtenga asistencia técnica de un funcionario del organismo debe pagar Bs 4.500, solo para tener derecho a una audiencia. «Esto si es verdadero capitalismo salvaje», expresó.
Otro elemento de preocupación es que ahora, según una circular emanada de esta entidad, se requiere que todas las farmacias renueven sus permisos sanitarios (así los tengan vigentes) antes de diciembre, para lo cual deben pagar 100 unidades tributarias. «¿De dónde van a sacar eso las pequeñas farmacias?», se preguntó el farmaceuta.