Los poderes chavistas bloquean las salidas democráticas a la crisis

“¡Chávez vive y vive, la lucha sigue y sigue!”, gritaron con ardor los asistentes al evento. La consigna no brotó de una enfervorizada masa vestida de rojo en un mitin callejero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Al contrario, fue una especie de mantra que recitaron, enfundados en sus togas negras, los jueces y magistrados venezolanos que participaron en el acto de apertura del año judicial el pasado 29 de enero, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ese Poder Judicial, que cantó al difunto comandante Hugo Chávez, se encargó de suspender este jueves 20 de octubre el proceso de recolección de firmas que permitiría activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Admitiendo las tesis del PSUV, que denuncia un presunto “fraude” cometido por la oposición para impulsar la consulta, cinco juzgados penales de distintos estados del país decretaron al unísono paralizar la jornada que se llevaría a cabo del 26 al 28 de octubre.

Apenas se conocieron las decisiones judiciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apuró en manifestar que obedecía esta disposición sin chistar. “En apego al marco constitucional, el CNE acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial”, anunció a través de un comunicado.

Además de frenar el revocatorio, el juez tercero de primera instancia en lo penal del estado Carabobo prohibió la salida del país a ocho dirigentes de la oposición, entre los que resaltan el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

Este episodio sirve para ilustrar el control omnímodo que ejerce el PSUV sobre toda los órganos del Estado venezolano. “Que cinco tribunales hayan respondido de forma unánime las peticiones de los gobernadores chavistas, es la más clara evidencia de la orquestación y la pérdida de independencia del Poder Judicial”, señala la consultora política Carmen Beatriz Fernández.

“Los últimos acontecimientos ocurridos en el país demuestran que el oficialismo se puso al margen de la Carta Magna”, sostiene Fernández, quien observa que “abortado el revocatorio de esta manera tan trucha e irregular, la oposición debería hacer acopio de sus fuerzas y de su liderazgo en la calle y en la esfera internacional para exigir la vuelta a la lógica constitucional”.

– Fichas rojas –

En materia de simpatía política, suele decirse que todo funcionario “tiene su corazoncito” de algún color. Pero en el caso venezolano, todos tienen –o han tenido- su carnet revolucionario.

La cúpula del Poder Judicial ha dictado, al menos, 28 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, para limitar sus competencias y funciones constitucionales. Los magistrados convalidaron el decreto de emergencia económica dictado por Maduro y hasta se atrevieron a aprobar el Presupuesto de la Nación para 2017, pasando por encima del Parlamento.

Antes de ser la jefa del TSJ, Gladys Gutiérrez fue la abogada del gobierno de Chávez al frente de la Procuraduría General de la República. Su currículo incluye haber sido directora de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, diputada suplente del extinto Movimiento Quinta República (ahora PSUV) y embajadora de Venezuela en España.

Gutiérrez encabeza la Sala Constitucional, la más poderosa del máximo juzgado. De los siete magistrados que la conforman, cuatro han militado públicamente en el chavismo. Allí destacan el ex viceministro de Educación, Luis Damiani Bustillos, y los antiguos legisladores Juan José Mendoza y Calixto Ortega, quien en abril de 2013 fue designado por Maduro encargado de negocios en la legación de Washington –de donde fue expulsado por el Gobierno norteamericano en octubre de ese año – y posteriormente asumió el cargo de vicecanciller para Europa.

Tres de los cinco integrantes de la Sala Electoral, despacho que analizó las demandas contra el revocatorio, fueron activistas del proyecto bolivariano. Jhannett Madriz Sotillo, Malaquías Gil y Christian Tyrone Zerpa se desempeñaron como parlamentarios del oficialismo, al tiempo que la presidenta de esta instancia, Indira Alfonzo Izaguirre, fue asistente del gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, vicepresidente de Organización del PSUV.

Existen vínculos políticos controvertidos. El jefe de la Sala Penal, Maikel Moreno, figura relacionada con Maduro, enfrentó sendas acusaciones por homicidios perpetrados en 1987 y 1989, cuando actuaba como oficial de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política), según reseña el portal SupremaInjusticia.org de la ONG Transparencia Venezuela.

Los nexos partidistas conviven con los lazos familiares. La presidenta de la Sala Político-Administrativa, María Carolina Ameliach Villarroel, es prima del mismo gobernador Ameliach, y su colega de la Sala Social, Edgar Gavidia Rodríguez, es hermano de Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de la primera dama de la República, Cilia Flores.

El chavismo también permeó el CNE. De los cinco rectores principales, cuatro apoyan al régimen. Tania D’Amelio pasó de diputada del PSUV a directiva del árbitro comicial, donde comparte con Socorro Hernández, ex ministra del gobierno de Chávez. El único vocero de la oposición en ese organismo es Luis Emilio Rondón, quien rechazó el aplazamiento de la recolección de firmas argumentando que “medidas cautelares penales no deben paralizar la expresión de la soberanía popular”.

La historia se repite en el llamado “Poder Moral”. Manuel Galindo, quien desde la Contraloría General de la República debe combatir la corrupción en el país, fue consultor jurídico de la AN durante la gestión Flores y procurador nombrado por Maduro. El ex diputado y gobernador “rojo” del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, administra la Defensoría del Pueblo, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, es la pareja sentimental del parlamentario oficialista Germán Ferrer.

– ¿Y ahora? –

En el marco de su estrategia “pacífica, democrática, constitucional y electoral”, la oposición ha jugado bajo las reglas y las instituciones que impone el chavismo. ¿Ingenuidad? “Por supuesto que no, pero a la MUD le era indispensable cumplir con los pasos de un cambio ‘pacífico, constitucional, electoral y democrático’ para demostrar ante el mundo que se estaba ‘portando bien’ y no podía ser acusada de ‘golpismo’, como habitualmente hace el gobierno. Y a la vez, se trataba de ir empujando a las instituciones decisivas al dilema de seguir o no escondiéndose bajo la máscara de una supuesta autonomía e imparcialidad”, responde Luis Gómez Calcaño, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.

Sin embargo, la noche del jueves 20 de octubre todo cambió. “Las medidas adoptadas por los jueces de varios estados, ‘acatadas’ por el CNE y obviamente coordinadas desde el poder central, no sólo impiden el revocatorio en 2016, sino que apuntan casi con certeza a su eliminación total. La base jurídica de esas medidas es tan frágil y carente de sentido que sirve para advertir a opositores y aliados vacilantes que el régimen puede hacer lo que quiera, que puede manipular las leyes a su antojo, lo que hace inútil intentar cualquier salida institucional”, considera Gómez Calcaño.

La profesora Fernández acota que “la sociedad venezolana está dividida en una proporción 80-20, en dos relaciones fatales: 80% cuestiona al gobierno y solo 20% lo apoya, pero ese 20% tiene el control del 80% de las instituciones del país”. En realidad, solo la AN escapa de la hegemonía oficialista, así como tres de las 23 gobernaciones y 77 de las 335 alcaldías de Venezuela.

“La primera relación de ese 80-20 en los afectos populares es muy importante cuando el análisis se hace en un entorno netamente democrático, pero este no es el caso. Dictaduras y dictadores hay muchos en el mundo, lo que no es frecuente es encontrar dictadores con 80% de rechazo ni dictaduras que violen sus propias constituciones”, estima la consulta política, que recomienda a la MUD “liderar un movimiento social que exija respetar la Carta Magna, en el entendido que el revocatorio no es un fin en sí mismo, sino simplemente un mecanismo para solucionar la agobiante crisis nacional”.

Gómez Calcaño subraya la incapacidad que ha mostrado la oposición para agitar a la población venezolana y advierte sobre el creciente protagonismo que puede asumir la Fuerza Armada en este escenario. “El problema ahora para la MUD es qué decirle a sus seguidores, qué proponerles más allá de convocar a protestas que, lamentablemente, han demostrado ser poco eficaces en términos de cambiar la correlación de fuerzas entre los actores políticos. Mientras tanto, todos dirigen su mirada al tradicional árbitro de última instancia, que por controlar los medios de coerción puede permitirse decir la última palabra”, alerta el experto en Sociología Política.