Los gremios de la salud en Carabobo se concentraron este lunes 22 de mayo en la Redoma de Guaparo, al norte de Valencia, para exigir la apertura de un canal humanitario que permita la llegada al país de fármacos y de insumos médico-quirúrgicos que requieren en hospitales, centros asistenciales y clínicas privadas.
La actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado central del país, reunió a médicos, bioanalistas, farmacéuticos, enfermeros, odontólogos, y estudiantes de las carreras del área de la salud.
Raquel Martín Luy, internista que integra el grupo Médicos Unidos de Carabobo, dijo que como galenos fueron entrenados para salvar vidas y ayudar a las personas, pero muchas veces están de manos atadas por la falta de insumos y medicinas.
“Nuestros pacientes están sufriendo, están padeciendo las personas embarazadas, nuestros niños y adultos mayores, no tienen medicina, no tienen para sus enfermedades crónicas, se están cada vez muriendo uno a uno”.
La doctora también se refirió a los enfermos psiquiátricos y aseguró que el deterioro del área cognitiva y emocional es significativo en este grupo porque no pueden recibir sus dosis de fármacos de manera adecuada. “Es una tristeza”.
Pero los médicos no solamente narraron las penurias que deben vivir a diario para calmar las dolencias de los pacientes y salvarles la vida, sino también sus propias historias de salud.
Mariana Rodríguez, médico fisiatra que fue trasplantada del hígado en 2013, relató que desde mediados del 2016 recibe la dosis incompleta del inmunosupresor y desde el mes pasado ya no pudo conseguirlo.
“El inmunosupresor es el medicamento fundamental para el buen funcionamiento y para mantener mi vida. Así como yo estamos muchos pacientes trasplantados, no solo aquí en Valencia, sino en toda Venezuela. Estábamos recibiendo la dosis disminuida y en ocasiones no la recibimos por parte del Seguro Social. Si no tomamos la medicina, simplemente perdemos el trasplante, perdemos el órgano trasplantado y morimos”, refirió la mujer de 50 años.
Bianney Ojeda, médico fisiatra y rehabilitadora infantil, denunció que sus pacientes no consiguen toxina botulínica que es importante para disminuir la espasticidad y los espasmos. “Los niños no tienen anticonvulsivantes, entonces son niños que están condenados a estar presos en sus propios cuerpos”.
Reclamó que tampoco hay sillas de rueda, coches adecuados, férulas antiequinas, “estamos reciclando las férulas antiequinas como en el pasado, como en la prehistoria, de los niños que van creciendo y se las van dejando a los más pequeños, para mí que estoy en esta especialidad es un crimen de lesa humanidad (…) en realidad es una situación de crisis humanitaria en la discapacidad infantil”.
Ojeda recalcó que Venezuela siempre fue un país que exportó médicos que entrenaron a toda la comunidad latinoamericana en trabajar con toxina botulínica. Ahora ese producto no llega al país sino de manera muy eventual.
Farmacéuticos y bioanalistas
Yelipza Moreno, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Carabobo, indicó que no hay medicamentos y la falla ya supera el 80%.
“Este gobierno es indolente porque no le importa la salud del pueblo venezolano. No es posible que aquellos medicamentos que se encontraban desaparecidos, estén llegando a precios inaccesibles que pasan de los 200.000 bolívares y eso significa que solo pueden acceder a estos medicamentos los que poseen alto poder adquisitivo”.
Moreno dijo que si el gobierno no permite la declaratoria de una crisis humanitaria, debe entonces renunciar porque no pueden permitir que continúen las muertes de venezolanos por estas causas.
Por su parte, César Sánchez, presidente del Colegio de Bioanalistas de Carabobo, aseguró que la precaria y delicada situación de la salud no permite continuar a la espera de que el gobierno nacional reaccione.
Este gremio que agrupa a 2400 profesionales en esta entidad federal, lleva más de un año y medio confrontando la escasez de reactivos químicos para los laboratorios.
“En los laboratorios públicos, los centros de salud que mantienen sus laboratorios abiertos, no tienen los exámenes que requieren los pacientes y éstos deben ir a la calle, por ejemplo pruebas que son de emergencia como gases venosos o arteriales, los pacientes tienen que tomar una inyectadora, con hielo, llevarla en una cava, ir a un laboratorio privado, esperar el resultado y volver al centro hospitalario, una situación que es contra natura”, destacó.
Sánchez recordó que esos resultados de las diversas pruebas las requieren los médicos para tomar decisiones sobre el paciente, y si demoran mucho, el paciente puede hasta fallecer.]]>
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