Almagro desde la OEA reclama lentitud de Corte Penal para procesar a Maduro y Cia

El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe presentado por Luis Almagro, señaló que "la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo".

Almagro desde la OEA reclama lentitud de Corte Penal para procesar a Maduro y Cia

Un informe de la secretaría de la OEA criticó este miércoles la inexplicable «lentitud» del examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro se siente «envalentonado» y esto fomenta la «impunidad».

«Hasta ahora la Corte le ha fallado al pueblo venezolano», dijo durante la presentación del informe «Fomentando la impunidad», el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un duro crítico de Maduro.

El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe, señaló que «la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo».

El letrado señaló que como consecuencia de la lentitud de la investigación, el gobierno de Maduro -que no está reconocido por más de 50 países encabezados por Estados Unidos- «se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad».

Informe documentado

El reporte impulsado por Almagro, un duro crítico de Maduro, se basa en un primer informe emitido por un panel de expertos independientes en 2018 que denunció «crímenes de lesa humanidad» en Venezuela.

«Al régimen de Venezuela se le ha permitido actuar con impunidad durante demasiado tiempo», denunció Almagro.

En esta foto de archivo, Luis Almagro escucha vía Skype el testimonio de  un teniente de la Fuerza Aérea Venezolana que denuncia torturas a manos de militares. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, inició en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas.

En noviembre de este año, la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, recibió a una delegación del gobierno de Maduro compuesta por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

Bensouda informó a la delegación que «existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte».

El informe de la OEA indicó que «a la luz de las abrumadoras pruebas presentadas a la Fiscalía por numerosas fuentes fiables, la demora actual no sólo es inexplicable, sino que también contradice los principios y objetivos enunciados en materia de exámenes preliminares».

Genser indicó a los periodistas que a medida que pasa el tiempo «los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen no han hecho más que aumentar en su escala, alcance y en su gravedad».

Falta de cooperación y sanciones contra la CPI

Maduro fue acusado en septiembre por una misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela de estar vinculado a posibles «crímenes de lesa humanidad», incluyendo las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.

Venezuela reconoce la competencia del tribunal de La Haya y acudió a esta corte para pedirle que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos. Esta denuncia y también las acusaciones contra Maduro están en una fase preliminar para determinar si se debe abrir una investigación. (Pero Estados Unidos no es parte del Tratado de Roma, que da poderes a la CPI).

La CPI debe emitir antes de final de este año un informe sobre el estado de las cuestiones en examen.

El informe de la secretaría de la OEA contabilizó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en Venezuela entre 2014 y 2020, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, y 653 casos de tortura, con base a estimaciones de organizaciones multilaterales, ONG y medios de comunicación.

Genser indicó que esto no debería ser visto como un «ataque contra la oficina de la fiscal, sino como un llamado a la transparencia».

El excomisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Husein, un profundo conocedor del tribunal de La Haya, admitió a la prensa que en los últimos años los fiscales han tenido varias fallas, entre ellos las apelaciones exitosas que revocaron condenas por violaciones graves y la falta de cooperación de muchos estados.

«Además en el último tiempo, han tenido que lidiar con el hecho de que el gobierno de (Donald) Trump tome medidas sin precedentes contra sus funcionarios», señaló el jordano, en relación a las sanciones contra sus miembros.

 

A un mes de la muerte de Fernando Albán, aún hay "zonas grises" y petición de justicia

A un mes de la muerte en extrañas circunstancias del concejal Fernando Albán, cuando se encontraba bajo custodia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), su familia rompe el silencio con un comunicado en el que no sólo desmienten a Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Constituyente (ANC), sino que pone en tela de juicio la versión del suicidio.