Me he detenido en uno de los diversos casos que ha documentado este informe, hecho público el pasado 15 de septiembre. He tomado lo relacionado con Pedro Jaimes Criollo, referido en el informe de la ONU a partir del párrafo 727. Este caso desnuda con claridad la política represiva en materia de expresión e información. Sencillamente tutear termina siendo un delito, según lo entiende el régimen de Nicolás Maduro.
Tal como lo hemos expresado, en los dos artículos anteriores de esta serie, en Venezuela estamos en presencia de violaciones graves a los derechos humanos. El carácter masivo y sistemático de tales prácticas -por parte de funcionarios del Estado- es lo que ha llevado a la Misión de Verificación de los Hechos a sostener que se presume la existencia de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
La Misión, que fue nombrada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recibió un claro respaldo de esta instancia a serle renovado su mandato por dos años más a partir de septiembre de 2020.
El carácter contundente del informe ha servido para que se reactive y avance (aunque lentamente) el expediente contra el régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional.
Me he detenido en uno de los diversos casos que ha documentado este informe, hecho público el pasado 15 de septiembre. He tomado lo relacionado con Pedro Jaimes Criollo, referido en el informe de la ONU a partir del párrafo 727.
Este caso desnuda con claridad la política represiva en materia de expresión e información. Sencillamente tutear termina siendo un delito, según lo entiende el régimen de Nicolás Maduro.
Entusiasta del tema aeronáutico, este tuitero venezolano administraba las cuentas de Twitter @AereoMeteo y @AereoMeteo2. Difundir información meteorológica y aeronáutica era su hobby, hasta mayo de 2018.
El 3 de mayo de 2018, paradójicamente una fecha en que se celebraba el día mundial de la libertad de expresión, Pedro Jaimes twitteó la ruta de vuelo del avión presidencial, el cual llevaba al presidente Nicolás Maduro a una ceremonia en el estado Aragua.
Tal como lo recalca el informe de la ONU, el tuitero obtuvo información que era de dominio público sobre los modelos de aviones que usa la presidencia venezolana, datos que están públicos en Wikipedia, y rastreó el vuelo usando la aplicación (igualmente abierta y pública) de FlightRadar24.
En mayo de 2018 no existía ninguna ley o decreto oficial que estableciera que la información de los vuelos fuese confidencial.
Una semana después de sus mensajes en Twitter, Pedro Jaimes fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) sin ninguna orden judicial. Estaba llegando a su casa. Al momento de su detención fue golpeado y también fue golpeada su hermana que intentó intervenir. Cuando su familia se presentó en la sede del SEBIN, en El Helicoide, los funcionarios negaron que allí estuviera preso Pedro.
Varios días después de su detención, y ésta vez portando una orden de allanamiento, el SEBIN se llevó de su casa unos equipos de comunicaciones y de computación. Se le acusó de que usaba dichos equipos para interferir en las comunicaciones de radio de los aviones y aeropuertos; también se le señaló de revelar secretos de Estado a través de Twitter.
En el informe, los expertos de la ONU señalan haber revisado los manuales de los equipos incautados al tuitero y que con esos dispositivos no era posible ni transmitir señales por radio, ni interferir las comunicaciones.
Pedro Jaimes Criollo, quien lo único que hizo fue tuitear basándose en información pública, fue sometido a interrogatorios en los que fue golpeado con palos o bates envueltos en plástico o tela, que no dejaron marcas. Le colocaron una bolsa en la cabeza y le rociaron insecticida adentro, asfixiándolo. También le administraron descargas eléctricas.
Recibió patadas en la cabeza, mientras se encontraba en el piso, lo cual le provocó la pérdida parcial de la audición. Los funcionarios del SEBIN lo amenazaron con violarlo con un palo de escoba que tenían a mano.
Ese mismo mes de mayo de 2018, el Fiscal provisional Marlon Mora presentó cargos contra Pedro Jaimes, en el Tercer Tribunal de Control del estado Miranda, presidido por la Jueza Rumely Rojas Muro. Se le acusó de interferencia en la seguridad operacional, revelación de secretos de Estado y espionaje informático. Pese a que fue detenido una semana después de sus mensajes sobre el vuelo de Maduro, la fiscalía alegó que había sido aprehendido en flagrancia.
Tras más de un mes, tiempo en el cual el Estado no reveló el lugar de detención del tuitero pese a que su familia introdujo diversos recursos judiciales, usando el teléfono que le prestó un custodio en El Helicoide, Pedro pudo llamar a su hermana para decirle dónde estaba recluido.
En el proceso que se le siguió no se le permitió nombrar a los abogados de su defensa, se le negó el acceso a su propio expediente y la base de la acusación eran entrevistas a los propios agentes del SEBIN que le habían detenido y torturado.
Detenido largamente en condiciones indignas, por algún período incluso sin acceso a un baño para poder orinar o defecar, a Pedro Jaimes se le concedió una excarcelación en octubre de 2019. El juicio en su contra ha sido diferido en una docena de ocasiones.
“En el momento de redactar el presente informe, el Sr. Jaimes seguía a la espera de juicio, con medidas cautelares que incluían la presentación mensual ante el tribunal y la prohibición de salir del país. Seguía sufriendo los síntomas psicológicos del trastorno de estrés postraumático y los traumas físicos”, reza el informe de la ONU, difundido a mediados de este mes de septiembre.
El Estado aceptó 193 recomendaciones, desestimó 28 sobre derechos gravemente afectados y no está dispuesto a cumplir 53 que resolverían la severa crisis del país en materia de derechos humanos y democracia.
"Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque a lo mejor sí fui a protestar contra Maduro porque algo no me gustó, pero que haya estado injustamente, por algo en lo que no tenía nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis”, dijo Antonia Turbay en un video que ha dado la vuelta al mundo. Su historia es un ejemplo de cómo los derechos humanos son violados constantemente en Venezuela
Tamara Suju, abogada venezolana, recopiló historias de víctimas de cuerpos de seguridad desde 2002 e intenta probar ante el organismo internacional que se trata de acciones de tortura sistemática. Describió mecanismos estandarizados de violencia con electricidad, amenaza a las víctimas con quemarlas con gasolina y violaciones sexuales
