La crisis económica se profundiza mientras el gobierno se desgasta en tratar de anular a la Asamblea Nacional -que se instaló el 5 de enero con una mayoría calificada opositora- a la que necesita para lograr consensos en las soluciones que permitan sacar al país de la fuerte recesión en la que se encuentra.
Sin cifras oficiales que den cuenta del tamaño de la crisis, el gobierno se prepara para presentar en los próximos días un decreto de emergencia que tiene como propósito limitar aún más los derechos constitucionales de los ciudadanos en materia económica.
La semana pasada el presidente Nicolás Maduro dijo que llevaría el decreto a consideración del parlamento, pero la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de declarar en «desacato» a la directiva de la Asamblea Nacional y los tres diputados de Amazonas juramentados a pesar de la sentencia 260 de la misma instancia, desató que una guerra de poderes que apenas comienza.
En una decisión sin ningún basamento legal, según coinciden algunos juristas, la Sala Electoral declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los tres diputados indígenas.
De acuerdo con distintos abogados la Sala Constitucional y no la Sala Electoral, tiene competencia para declarar en desacato al Poder Legislativo.
La bancada oficialista en el parlamento, sin embargo, se vale de esta decisión de la Sala Electoral para asegurar que el decreto de emergencia económica podría ser llevado al TSJ.
Ramón Lobo, diputado del PSUV, dijo en declaraciones a Unión Radio, que entre las atribuciones del Presidente de la República (artículo 236 de la Constitución) está declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la carta magna.
Recuerda además, que la Ley Orgánica sobre el Estado de Excepción establece en los artículos que van del 32 al 40 cómo resolver la circunstancia (de que la Asamblea Nacional actúe al margen de la ley).
Lobo señaló que esta legislación establece que si la Asamblea Nacional no aprueba las propuestas todos los procedimientos pasarán al Tribunal Supremo de Justicia.
– La realidad es otra –
Sin embargo, llevar a consideración el proyecto de decreto de emergencia económica al parlamento, como inicialmente se lo planteó el Poder Ejecutivo es un acto viciado, «un error de cálculo político», indicó a El Estímulo Vicente González de La Vega, profesor de Derecho Público Económico de la Universidad Metropolitana y del post grado de Derecho Corporativo.
Explica el jurista que al Ejecutivo le corresponde dictar el decreto y luego hacer la evaluación constitucional de la pertinencia de la medida.»La lectura no es solo jurídica, sino política», dice.
González de La Vega afirma que aún cuando no existe un borrador, «el decreto implicará mayores restricciones de libertades económicas que ya se encuentran bastantes limitadas por vías de hecho y jurídica de dudosa constitucionalidad y legalidad».
Como ejemplo cita el control de cambio impuesto en 2003, para lo cual el gobierno tuvo que haber suspendido derechos constitucionales en materia económica, precisa.
El análisis de los asambleístas se hará en las razones argumentadas por el gobierno y la relación que guarda con las medidas a adoptar, explica el experto.
En función de esa evaluación jurídica y política, la Asamblea aprueba o no el decreto. El papel del TSJ es otro. El máximo tribunal de justicia debe validar o no la constitucionalidad del decreto.
El estado de emergencia económica es uno de los estados de excepción establecidos en la Constitución de la República (artículo 338) y su vigencia será hasta por 60 días, prorrogables por igual lapso. Pero el gobierno necesita de la Asamblea Nacional para validar la decisión, incluso la extensión de la medida, como ha ocurrido en los casos del cierre de frontera con Colombia desde agosto de 2015, aprobación que fue otorgada por la entonces mayoría oficialista.
Para el jurista, «lo que vaya a presentar el gobierno es un reto para la Asamblea Nacional». Señala que aunque la oposición no se hace responsable de las causas que motivan la emergencia, se hará corresponsable de algunas decisiones en lo sucesivo.
El académico observa que el Ejecutivo puede tomar medidas vía decreto y las que necesite por ley se aprueban en el seno del parlamento con la modificaciones que considere.
Por otro lado, la Asamblea Nacional pudiera exigir la presencia del presidente del Banco Central de Venezuela para que exponga los números que reflejan la crisis. Si ello no ocurre, podría paralizar su aprobación.
Ante la posibilidad de que el gobierno se niegue a dar a conocer los resultados de desempeño de 2015 y se excuse una vez más en la llamada «guerra económica», la Asamblea podría decidir no apoyar al gobierno por cuanto se trata de un falso supuesto, precisa González de La Vega.
«Nicolás Maduro tuvo todo 2015 con una Ley Habilitante que se le concedió para legislar en materia económico y no lo hizo, y el resultado fue una profundización de la crisis», puntualiza el abogado.
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