Bodegueros entran en conflicto con sus vecinos por venta de productos

Martín, es un vecino de la segunda calle de Los Cujicitos, en la parroquia San José de Caracas. Es casado, tiene dos hijos. Desde hace años mantiene en su vivienda una bodega en la que ofrece a los habitantes de la zona una variada gama de productos, logrando satisfacer las necesidades de muchos.

Pero desde que comenzó la escasez de alimentos ha tenido una serie de problemas con sus vecinos, con sus amigos de toda la vida. Explica que antes, sin ningún tipo de problemas recibía los productos básicos todas las semanas, y ahora el despacho es una vez cada 15 o 20 días.

Dice que algunas veces le provoca no seguir vendiendo los productos para evitarse más inconvenientes. “Hemos intentado organizar la venta a los vecinos, por números, por el terminal de la cédula, pero nunca podemos complacerlos a todos. Han venido personas de otros sectores intentando fomentar alteraciones al orden público. Mis vecinos hacen colas de toda una noche para obtener un número con la esperanza de comprar productos sin tener la certeza que llegará el camión de reparto”.

Indica que algunas veces le da pena no poder atender a todos los vecinos “quisiera que entendieran que ya no llega la misma cantidad de productos que hace un par de años, también que me mandan productos que no son de primera necesidad, que tengo que vender los productos en combos a los precios que marcan los productos”.

El señor Oscar es vecino del sector Este del Ávila, en la carretera Patare-Guarenas del municipio Sucre, en el estado Miranda, donde mantiene un abasto conocido en todo el sector y barrios aledaños, ya que siempre estaba bien surtido y allí se podía hacer un buen mercado.

“Yo decidí dejar de vender productos regulados a mis vecinos, ya que perdía mucho tiempo para poder comprarlos al mayor. Yo podía estar todo un día haciendo cola en las puertas de Makro, y mi negocio cerrado, solo para que me vendieran un bulto de harina de maíz, el cual era todo un problema colocarlo en la comunidad”, dijo Oscar.

Señaló que con el paso del tiempo la situación se tornó crítica. “Apareció la mafia de los bachaqueros que comenzaron con el apoyo de otras personas a controlar las compras en los expendios de comida. Vendían los puestos, agredían a las personan, razones por las cuales en mi bodega ya no se venden productos de primera necesidad, solo ofrezco chucherías a los niños, un poco de charcutería, refrescos, algunas frutas y plátanos”.

Gladys Singer, es propietaria de una abasto ubicado en el bloque 42 de la zona F del 23 de Enero. Señala que regularmente recibe productos de primera necesidad, pero cuando la gente se enteraba llegaban personas de zonas de Catia, San Martín y Propatria, entre otras, que congestionaban la venta de los alimentos.

“Yo decidí hacer una alianza con el consejo comunal de la zona, para organizar la distribución de alimentos y beneficiar a mis propios vecinos y así hacerle la guerra a los bachaqueros. Los vecinos se censaron y cada vez que llegan alimentos, baja un representante de cada uno de los apartamentos a comprar un combo. De esta manera es mucho más seguro la venta”, dijo Singer.

Entre tanto en el barrio José Félix Ribas, de Petare, municipio, Sucre, estado Miranda, los vecinos han evaluado la situación que se presentó el pasado 9 de junio, cuando fueron saqueadas siete bodegas. Los lugareños aseguran que los actos vandálicos fueron cometidos por el hampa común.

“Aquí respetamos a los dueños de esos comercios, son nuestros vecinos, nos criamos juntos, ellos tienen sus bodegas en sus propias casas y nos prestan un servicio, el cual se ha hecho muy cuesta arriba en los últimos meses, por las colas, las peleas y la inconformidad de la gente ante la falta de comida”, señaló una de las vecinas de la barriada.

Entre las personas afectadas por los saqueos está José Batista, dueño de una abasto que también fue saqueado en 1989. Señala que la noche del 9 de junio llegó un grupo de motorizados con pistolas que atacaron su negocio.

Otros dueños de bodegas en la zona evalúan cerrar sus negocios por temor a nuevas agresiones y por lo peligroso que se ha convertido vender productos regulados en las zonas populares.