«El 23 de junio, los equipos de negociación anunciaron un plan detallado para reunir a los combatientes de las FARC en 28 cantones y campamentos para dejar las armas. Los 15.000 combatientes y milicianos de la insurgencia se integrarán en la vida civil mientras buscan convertir su ideología radical en una fuerza capaz de competir en un sistema democrático. El acuerdo final de paz, anunciado el 24 de agosto, resolvió las últimas disputas y reunió los acuerdos anteriores para poner en marcha un esquema ambicioso de justicia transicional; rescatar a la Colombia rural de las duras desigualdades; expandir la democracia nacional; y comenzar, con la ayuda de las FARC, un programa para reemplazar la coca con cultivos legales y otras actividades no relacionadas con la agricultura.
Sin embargo, la paz se enfrenta a amenazas reales. El acuerdo finalizado en La Habana tiene la aprobación del Gobierno y de la cúpula guerrillera, pero todavía no cuenta con el apoyo completo ni del público general ni de las FARC en su totalidad. Los próximos seis a nueve meses supondrán una gran prueba que, de no ser abordada de forma efectiva, amenazará con descarrilar el acuerdo, limitando su impacto sobre los combatientes guerrilleros y fracasando en el intento de prevenir la reproducción crónica de la violencia.
Estos son las recomendaciones que hace el International Crisis Group para lograr la aprobación del acuerdo de paz en un plebiscito legítimo
Al Gobierno de Colombia:
- Implementar una clara estrategia de comunicaciones para educar a la ciudadanía sobre el acuerdo de paz, enfatizando los beneficios de la paz para las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente cómo se aplicará la justicia, y respondiendo a las distintas preocupaciones urbanas y rurales.
- Coordinar con partidos políticos y campañas de la sociedad civil a favor de la paz, resguardando la independencia de todos los involucrados, y respetar los derechos y las garantías para los oponentes del acuerdo.
- Pedir perdón en público por el rol del Estado en ciertos eventos de la guerra, incluyendo la exterminación de la Unión Patriótica (UP), el abandono de las comunidades rurales y/o los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
A las FARC:
- Realizar gestos de buena voluntad como la concentración parcial de sus fuerzas, la destrucción de algunas armas inestables y/o la liberación de todos los niños menores de quince años en sus filas, para mostrar los beneficios de la paz antes del plebiscito.
- Pedir perdón en público por abusos específicos y/o sistemáticos como la extorsión y el secuestro y/o cooperar con el Comité Internacional de la Cruz Roja en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Comprometerse públicamente a no presionar a las poblaciones locales a participar o a votar de cierta manera en el plebiscito.
Para asegurar una transición efectiva de la guerra al posconflicto
Al Gobierno de Colombia y las FARC:
- Llevar a cabo actividades para promover la reconciliación entre los sectores afectados por el conflicto, las FARC y el Estado, incluyendo proyectos de corto plazo con la participación de las comunidades mientras que la guerrilla deja sus armas.
- Definir las actividades de reincorporación de largo plazo para ser realizadas en los sitios de acantonamiento; éstas deben ser individuales y colectivas y diferenciales en términos de género, edad y etnia.
Al mecanismo tripartito:
- Establecer y mantener el diálogo con las comunidades locales cerca de los cantones, para entender sus preocupaciones; y comprar, dentro de lo posible, las provisiones a nivel local, sin hacer daño a las economías locales.
- Establecer, rápidamente, un espacio en el que los incidentes de seguridad contra los miembros de las FARC que viajan fuera de los cantones se puedan revisar, y cambiar los protocolos de seguridad cuando sea necesario.
A las FARC:
- Seleccionar antes de la terminación del cese al fuego a los miembros que asumirán roles oficiales en la implementación de los acuerdos de paz, tomando en cuenta, en la medida de lo posible, sus obligaciones con la justicia transicional.
A las Fuerzas Armadas:
- Llevar a cabo actividades para crear la base para la reconciliación con comunidades afectadas por el conflicto que no confían en las fuerzas militares y de policía, y, simultáneamente, movilizarse a los territorios para minimizar el riesgo de la toma de control por grupos armados ilegales.
A la Misión de la ONU:
- Establecer un diálogo continuo con las autoridades y comunidades locales para explicar su mandado, recolectar información y mantener relaciones independientes.
- Establecer y liderar reuniones periódicas entre actores que trabajan en terreno en las áreas cerca de los cantones, para intercambiar información relevante y consultar, cuando sea necesario, con los delegados de las naciones garantes la toma de decisiones en el proceso de resolución de disputas de alto nivel.
- Empezar a planear la extensión y expansión del mandato de tres años de la Misión mientras que las FARC dejan las armas y se implemente, monitoree y verifique el cese al fuego.
A la Comunidad Internacional, especialmente el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea:
- Proporcionar a la Misión de la ONU un apoyo político urgente cuando surjan crisis, y a la Misión y al mecanismo tripartito, el apoyo técnico solicitado.
- Seguir financiando proyectos comunitarios en áreas de posconflicto, especialmente en y cerca de las zonas donde las FARC van a dejar las armas y respaldar la Estrategia de Respuesta Rápida del Ministerio del Posconflicto.
- Explorar medidas para proporcionar apoyo financiero a las actividades de reincorporación de las FARC después de que el grupo termine de dejar las armas.
A la Comunidad Internacional, especialmente los gobiernos de América Latina:
- Mantener su apoyo al proceso de paz independientemente de otros temas que pueden causar tensiones regionales.
Bogotá/Bruselas, 7 de septiembre de 2016″
