Venezuela

Justicia de EEUU acusa a dos exfiscales venezolanos por soborno millonario

Según la acusación formal, Daniel D'Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, están indiciados por confabulación para blanquear dinero y de dos cargos de participación en transacciones monetarias de bienes ilícitos.

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Dos exfiscales venezolanos prófugos han sido acusados de lavado de dinero y de recibir sobornos de 1 millón de dólares a cambio de no presentar cargos penales contra varios procesados en Venezuela, informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la acusación formal, Daniel D’Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, están indiciados por confabulación para blanquear dinero y de dos cargos de participación en transacciones monetarias de bienes ilícitos.

En enero pasado, un despacho de la agencia AP, su corresponsal Joshua Goodman afirmaba que era la propia Luis Ortega Díaz, la ex fiscal  general de Venezuela, la que estaba bajo investigación por este caso.

Ortega niega estas afirmaciones y dice que intentaron «manchar su nombre».

Esta ex funcionaria del régimen chavista se encuentra ahora en Madrid, España, en un proceso de solicitud de asilo. Hasta finales de año 2021 vivía en Bogotá, Colombia y se presentaba como fiscal en ejercicio reconocida por algunos gobiernos que desconocen al régimen de Maduro.

Libres en Venezuela

En torno a 2017, D’Andrea y Sánchez, como fiscales de la Oficina del Fiscal General de Venezuela, investigaban a un individuo, identificado como Contratista 1 en la causa, por presunta corrupción acerca de contratos obtenidos con subsidiarias de la petrolera estatal venezolana PDVSA pero aceptaron recibir sobornos de más de un millón de dólares a cambio de no presentar cargos penales contra esta y otras personas, afirma la acusación formal, según un comunicado del Departamento de Justicia.

D’Andrea hizo que un cómplice creara facturas falsas solicitando el pago, que el Contratista 1 le ingresó en una cuenta de Florida a su nombre y al de Sánchez.

Tras el cobro, D’Andrea y Sánchez hicieron que la fiscalía general de Venezuela no presentara cargos penales contra el Contratista 1 y otros, añade la acusación.

Si se les declara culpables, los acusados se exponen a hasta 20 años de prisión por confabular para el lavado de dinero y a hasta 10 años de cárcel por cada cargo de participación en transacciones monetarias de bienes ilícitos. Ambos se hallan en Venezuela y siguen prófugos, según el comunicado del Departamento de Justicia.

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