La "masacre de La Vega", en Caracas, dejó dos docenas de hombres asesinados por agentes de la Policía Nacional y su escuadrón de la muerte Faes. En el entendido de que eran delincuentes y tenían antecedentes penales, todos fueron ejecutados. Pero familiares afirman que a muchos los sacaron arrestados tras allanar sus casas, frente a testigos, y después aparecieron muertos, "por enfrentamiento"
La cifra total de muertos varía entre 18 y 22, entre viernes y sábado del segundo fin de semana de enero de este 2021, en las laderas y barrancos de La Vega, una de las barriadas más populosas del oeste de Caracas.
Durante esas horas, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su Fuerza de Acciones Especiales (FAES) ocuparon las escalinatas y tortuosas callejuelas de esta localidad, en un intenso despliegue tras bandas de delincuentes y de sus líderes. Hasta la mañana del lunes 11, sólo ocho cadáveres habían sido reconocidos por sus familiares.
Según fuentes policiales todos los fallecidos tienen antecedentes o registro policial (lo que los convierte, según la mirada de algunos, en asesinatos «justificados» por su pasado).
El patrón de estos asesinatos sumariales a manos de agentes del Estado es el mismo aplicado en otros años por la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) una serie de redadas mortales en barrios pobres llevados a cabo para perseguir delincuentes.
El riesgo, para cualquiera que se atravesar en el camino era ser confundido con otro.
Tanto las ejecuciones de las OLP, como de las cometidas por Faes, (el escuadrón de la muerte del chavismo) están en los expedientes de investigaciones por crímenes de lesa humanidad remitidos a la Corte Penal Internacional.
“Mi sobrino no era ningún malandro”. “Mi hermano salió a comprar cigarrillos”. Frases como esas se repetían en los oídos de los reporteros en la mañana de este lunes 11 de enero de 2021 frente a en la morgue de Caracas, ubicada en la urbanización Bello Monte. Allí, familiares de los hombres que murieron en el operativo policial llevado a cabo el pasado viernes y sábado en la parroquia La Vega de Caracas daban su versión sobre el despliegue policial que dejó 24 muertes.
Las autoridades hacen silencio cómplice, mientras las madres, tías o hermanas, reclaman en la congestionada medicatura forense.
En algunas de las fotografías que circulan sobre los cadáveres de hombres que perdieron la vida en estos operativos, se puede observar que tienen heridas por armas de fuego en el tórax, uno o dos orificios. Este es casualmente el mismo patrón denunciado por familiares y activistas en muchos de los casos que aparecen recogidos en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas (ONU), que e diciembre denunció crímenes de lesa humanidad a manos de agentes del Estado venezolano.
En ese informe se lee: “un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado por la Misión dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos como ‘cuadrar a la gente’. Este entrevistado dijo que hay un ‘triángulo’ desde el pecho de la víctima hacia arriba ‘donde se permite disparar a la gente’. Esto parece indicar una falta de intención de emplear una fuerza menos letal para contener o detener al presunto delincuente.
La hermana de Carlos Hernández de 17 años de edad, uno de los asesinados en La Vega, contó que su familiar estaba comprando queso en una bodega cercana a su casa y al salir de la bodega se quedó hablando con un amigo. En ese momento, contó la mujer, comenzó el intercambio de disparos entre la policía y delincuentes, y Carlos comenzó a correr al escuchar los disparos.
“Ustedes saben cómo es, uno escucha unos disparos y comienza a correr. El corrió y un funcionario le disparó por la espalda. Un solo disparo y me lo dejaron ahí, después lo llevaron al hospital Pérez Carreño donde no me dejaron verlo”, afirmó.
El 27 de enero Carlos Hernández cumpliría 18 años. Su hermana dijo que lo ocurrido el fin de semana en La Vega fue muy desagradable porque “esos funcionarios hicieron lo que les dio la gana con la gente, a muchos los sacaron de sus casas para matarlos. Yo no encontraba a mi hermano, claro le cambiaron la ropa. Yo salí a buscarlo con una ropa y luego me doy cuenta que le habían cambiado la ropa. Le quitaron hasta una cadena de oro que tenía. Esos funcionarios mataron a todo aquel que les daba la gana”.
Mailyn Useche, habitante de La Vega, escuchó la policía desplegaba un operativo especial porque sujetos de las bandas criminales de la cercana Cota 905 quieren tomar también la zona de La Vega, pero en la parte más elevada para extender su reino del terror. Ambos sectores colindan. Explicó que su sobrino Richard Alexis Chili estaba en su casa en su cuarto viendo un juego de fútbol en la computadora, cuando tocaron la puerta.
“Mi abuela abrió la puerta y entraron los funcionarios. Al ingresar lo interrogaron. Los sentaron en el mueble de la sala, él estaba en shores (pantalones cortos) y sin camisa. Ellos mismos le toman una foto, le preguntan dónde duerme, él señala donde duerme, el mismo policía va y le busca la vestimenta, lo hace vestir, se lo lleva, le tapa la cara. Mi abuela le pregunta a donde lo llevan y ellos respondieron a verificación. Se lo llevan. Después aparece la foto donde el aparece en el piso, muerto”, manifestó Mailyn Useche.
La información que les dieron en la morgue es que murieron por un enfrentamiento con la policía.
“Yo no sabía que los enfrentamientos eran dentro de una casa. ¿Dónde están las armas?”, dijo Useche.
El caso de Luis Alejandro Ramírez Muñoz de 22 años no es distinto. Su cuerpo presenta dos heridas por arma de fuego. Una en el hombro izquierdo y otra en el tórax, en total dos heridas por arma de fuego. Pero, hay algo que habla de la crueldad de al menos esta presunta ejecución. Ramírez Muñoz habría estado en el piso, boca abajo, rendido, y así le hicieron una primera fotografía que luego se filtró.
Su tía Yerky Ramírez, apostada en la morgue de Caracas, pedía justicia para su sobrino, pues aseguró que este era un joven trabajador. De hecho, indicó que tenía más de dos años laborando en el Sarem como técnico en informática. Sin embargo, Luis Alejandro Ramírez Muñoz presenta antecedentes o registro policial, según expediente/acta procesal 144-18, de fecha 01 de diciembre de 2018, por porte ilícito de arma de fuego.
“En las redes sociales hay fotos donde mi sobrino y otros muchachos aparecen vivos, aparece la menor también tirada en el piso, y ahora mi sobrino aparece muerto, yo tengo la foto donde mi sobrino aparece en shores y sin camisa, y luego lo matan y le pusieron ropa de uno de ellos. Yo estaba tranquila porque me dijeron que sacaron un muerto que tenía un jeans y mi sobrino andaba en shores. ¿Cómo le van a cambiar la ropa para decir que era un azote de barrio cuando mi sobrino era un trabajador?”, manifestó Yerky Ramírez.
Disparos en el tórax, cambio de ropa: hay testigos que vieron como estos jóvenes estaban vivos al momento del arresto y luego sus familiares tuvieron que reconocerlos en la morgue caraqueña. Otro dato que es similar a situaciones ocurridas en el pasado, es que no habrá velatorio. De la morgue de Bello Monte los cuerpos irán directo al cementerio para ser sepultados.
El exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público Zair Mundaray, indicó que esta es una práctica común en los órganos policiales.
“Es lo que llaman ´doble tap´, colocan a las personas de frente, a veces los agarran por los brazos y le propinan uno o dos tiros a nivel de tórax y los dejan ahí que se desangren, ellos saben que la muerte es rápida. Es el mismo patrón. Ahí se demuestra que ninguno de esos muertos se enfrentó, porque cuando hay movilidad las personas presentan tiros en diversas partes del cuerpo producto de ese enfrentamiento, de persecución, etc”, indicó.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2020 hubo en Venezuela 11.891 muertes violentas, de las cuales 4.231 fueron clasificadas como «resistencia a la autoridad». Es decir, murieron al enfrentarse supuestamente a los cuerpos policiales. Indicaron que la violencia policial fue cuatro veces más letal que la pandemia de covid 19.
Asimismo, aseguró OVV que en 112 de los 335 municipios del país la policía superó en homicidios a los delincuentes, y en 18 municipios no hubo homicidios cometidos por antisociales, solo por policías. De las 4.231 personas que murieron a manos de la policía, 82% tenían entre 12 y 17 años.
En las muy virulentas redes sociales algunos usuarios venezolanos llevan justificando la masacre con el entendido de que todos eran delincuentes. No dejan margen de dudas, y asumen que la policía siempre dice la verdad.
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El régimen de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
