¿Qué había detrás de la detención, proceso y sentencia final contra los dos controladores aéreos, Derbys Rodríguez y Guillermo González, quienes fueron acusados hace más de dos años por supuesta revelación de secretos políticos y militares y terrorismo?
La historia de este caso expone nuevamente el ensañamiento contra los prisioneros en Venezuela: Derbys Rodríguez y Guillermo González, dos controladores aéreos sentenciados cumplieron su condena y los custodios de la cárcel de El Rodeo II, por órdenes superiores, pretendían regresarlos a sus celdas.
Son hechos que ocurren al margen de la supuesta orden de Nicolás Maduro de «emprender una revolución profunda y acelera del sistema judicial».
Y un aspecto que llama la atención de los abogados defensores es que durante los dos años de juicio nunca se precisó ni demostró cuáles fueron los presuntos «secretos políticos y militares» que revelaron los acusados y que les costaron dos años de cárcel por una sentencia de culpabilidad emitida por el tribunal.
“Esas revelaciones nunca fueron demostradas en juicio”, sostiene el abogado de la defensa, Joel García, quien considera que de haber existido información clasificada de “secreto”, el juicio nunca hubiera sido público como ocurrió.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab afirmó que las acciones presentadas por el Ministerio Público contra dos controladores aéreos surgieron por revelación de lo que calificó como información del Estado.
Refirió que las publicaciones hechas por los acusados se dieron desde la torre de control de tránsito aéreo de Maiquetía, a la cual tenían acceso durante el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, las denuncias sobre irregularidades en el transporte aéreo que habían expuesto los imputados por las vías formales, nunca fueron investigadas por la Fiscalía. Pasaron un año detenidos en la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta y el resto en la cárcel El Rodeo II.
El abogado defensor de los controladores aéreos destaca que existe una “elevada sensibilidad” por parte de las autoridades y jefes militares que tienen bajo su responsabilidad el tráfico aéreo y la confidencialidad de ciertos vuelos, para haber llevado a la cárcel a estos dos profesionales del tráfico aéreo.
Es conocida la extrema seguridad que se aplica en las instalaciones de los aeropuertos, en especial en la Torre de Control, donde se hace monitoreo con cámaras, existe estricto control sobre los empleados, más si son de esta área, y las más importantes gerencias están en manos del sector militar.
A Guillermo González lo detuvieron el 20 de mayo de 2020 y a Derbys Rodríguez el 4 de junio de 2020. Ambos fueron acusados de revelación de secretos políticos y militares y asociación para delinquir. Adicionalmente a González se le agregó la acusación de terrorismo.
Según relata el abogado de la defensa, durante los primeros meses, desde la detención, no tuvo acceso a Rodríguez, porque no le permitieron que fuera nombrado como su abogado defensor.
“Debido a la situación generada por la pandemia a Derbys Rodríguez le informaron que yo no había acudido al tribunal; y al mismo tiempo a mí me decían que todavía no se iba a hacer la audiencia preliminar, por lo que no tenía acceso al Tribunal de Control asignado a la jueza, Carol Padilla, justificando el retraso por la pandemia», explica el abogado.
«Es de destacar que el Tribunal de Primera Instancia con competencia nacional en delitos relacionados con terrorismo a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa, que llevó el juicio de los controladores aéreos, suele llevar importantes casos políticos como fue el supuesto intento de magnicidio con drones contra Nicolás Maduro y la llamada Operación Gedeón, que fue la incursión marítima de un grupo de exmilitares del exilio para presuntamente promover una rebelión intentada en mayo de 2020», detalla.
Así transcurrieron los meses desde junio hasta diciembre de 2020 cuando se pudo hacer la audiencia preliminar y se pudo nombrar a Joel García como abogado defensor de Rodríguez.
«Durante esos seis meses iniciales no se promovió ni un solo medio de prueba a favor de los acusados porque tenían asignados una defensa pública», señala García.
Una vez hecha la audiencia preliminar el tribunal admitió la acusación y ordenaron su pase a juicio oral y público. La defensa evacuó todos los medios de prueba durante esa fase de juicio. Entre ellos presentaron el testimonio de empleados y extrabajadores del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), de la Torre de Control de Maiquetía, y todos afirmaron que no manejaban secretos políticos o militares, por lo que mal podían los acusados incurrir en revelación de ese tipo de información.
Por la parte acusadora, durante el juicio, el general Carlos Mata Sosa, director general de los Servicios a la Navegación Aérea del INAC y uno de los acusadores de los controladores aéreos, manifestó que denunció a Rodríguez porque era un trabajador rebelde y además hablaba mal del gobierno legalmente constituido.
“Así lo dijo, tajantemente, que esas fueron las razones para denunciarlo” y lo acusó de haber divulgado información confidencial en complicidad con Guillermo González, explicó el abogado defensor.
Las presuntas pruebas presentadas fueron fotos de aviones guardadas por González en su celular, algunas de ellas publicadas en su cuenta de Twitter y algunos mensajes intercambiados con Rodríguez, sobre vuelos sin mayor relevancia.
Para el abogado García esto último resulta poco sustentable para calificarlo de secreto político o militar cuando desde diversas páginas en Twitter, como la cuenta @Arr3chO, que mostraba información satelital de las rutas de vuelos importantes como por ejemplo la del avión presidencial con horas de vuelo, salida y destino.
Antes de ser detenido, Guillermo González recibió una llamada telefónica y un mensaje de WhatsApp, donde un militar conocido le ofrecía una cantidad de dinero si accedía a no reportar a ciertas aeronaves que entraban y salían del país por el aeropuerto de Maiquetía.
Ante esa situación irregular, González le informó lo que estaba ocurriendo a Rodríguez, quien era su supervisor inmediato. A su vez,Rodríguez comunicó la misma a los gerentes de los Servicios a la Navegación Aérea del INAC, el coronel Wilfredo Gil, y el general Carlos Mata Sosa, quienes le informaron que ellos ya estaban al tanto del asunto.
Poco tiempo después de haber suministrado esa información fueron detenidos por una comisión de la Dgcim.
El día lunes 13 de junio de 2022, dos años después de la detención, llegaron a la etapa de conclusiones en el juicio. Allí se evacuaron todos los medios de prueba de cada parte, y así el Ministerio Público y la Defensa presentaron sus conclusiones.
El abogado defensor indicó que, una vez revisadas las conclusiones, la juez informó que hubo un cambio de calificación de los delitos.
El delito de revelación de secretos políticos y militares lo cambió a culposo, esto significa que los acusados hicieron esas revelaciones por negligencia o impericia, pero que no fue de manera intencional.
La asociación para delinquir cambió por agavillamiento. Esto según García, es una incongruencia, ya que no se puede unir un delito culposo con un delito intencional como agavillamiento, que es una asociación para delinquir, porque se excluyen. Sin embargo, la jueza lo hizo.
Al mismo tiempo desestimó el delito de terrorismo. No obstante se les condenó por el delito de revelación culposa de secretospolíticos y militares y agavillamiento cuya pena correspondía a un año y nueve meses, la cual ya habían cumplido por tener más de dos años en la cárcel. Por esa razón, lajuez ordenó su excarcelación con boleta de libertad plena.
La defensa se propone interponer un recurso de apelación contra esa decisión por considerar que ellos son totalmente inocentes de esos delitos que les impusieron. Todavía queda ese recurso frente a la Corte de Apelaciones y si la Corte ratificara esa decisión, intentarán el recurso de casación en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Joel García considera que el ensañamiento contra los controladores aéreos se manifestó cuando al concluir el juicio y recibir las boletas de libertad plena, los custodios del Servicio Penitenciario de El Rodeo II le manifestaron que por órdenes de la ministra ellos tenía que volver a su centro de reclusión. La razón: ellos «tenían que revisar y cerciorarse de que esa era la decisión y alegaron que ese era el protocolo».
“Yo me opuse a eso porque soy abogado y lo primero que respeto es la Constitución y es muy claro el artículo 44 numeral 5 y así se los hice saber. Tuve una fuerte discusión con ellos. Incluso les dije que iban a tener que llevarme preso a mí también porque yo no iba permitir que se violaran esos derechos de esa manera», expresa el abogado García.
«Total que después del forcejeo logré que salir con ellos a las afueras del Palacio en donde un vehículo nos estaba esperando. Nos fuimos como si fuésemos unos delincuentes (…) porque de otra manera los iban a mantener detenidos quien sabe por cuanto tiempo como ocurre con otros presos que tienen el tinte político”, destaca.
García explica que esa retención de presos con boletas de excarcelación ellos lo suelen llamar “protocolo” y pasa sobre todo con aquellos presos que fueron trasladados desde los centros de reclusión política como de la Dgcim o el SEBIN.
“Alegan que deben regresar a prisión para que la ministra de Asuntos Penitenciarios verifique y en ese verificar pueden pasar meses”, indicó.
Como ejemplo refiere el caso del reportero gráfico, Carlos Germán Debiais García, quien tiene una boleta de excarcelación emitida desde el 12 de abril y aún se encuentra detenido en El Rodeo II.
El abogado de la ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Abraham Rojas, ha informado que la directiva de ese penal asegura “no contar con el permiso de la ministra de Asuntos Penitenciarios. Debiais tiene más de dos meses en los que le han impedido su liberación emitida por un tribunal.
A juicio de García es totalmente ilegal ese protocolo inconstitucional que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios está aplicando.
El integrante del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, también denunció el pasado 30 de mayo que hay un grupo de 13 presos políticos en el país que cuentan con boleta de excarcelación y que todavía no han sido puestos en libertad, resaltando el caso de Debiais, detenido por presuntamente cometer los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.
En entrevista en “Vladimir a la Carta”, Prado resaltó que Debiais fue detenido por tomar unas fotos en Amuay, estado Falcón, con el fin de impulsar el turismo en la zona, pero en la imagen también se veía la casa de un general, el cual no identificó. Para Prado, “esa fue la verdadera razón por la cual se produjo la detención del fotógrafo”.
Un caso reseñado por la periodista Sebastiana Barráez refiere que seis hombres, entre ellos dos exfiscales que se encuentran detenidos en la antigua cárcel la «planta de Caracas», le reclamaron a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras Moreno, por no haber sido liberados aun cuando ya cumplieron su condena.
La excusa del director de la cárcel para no liberarlos es que espera órdenes de la titular del despacho; mientras que la respuesta de la ministra es que está esperando la decisión de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y exministra, María Iris Varela Rangel y del ministro Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y vicepresidente de Gobierno para la Seguridad, almirante en Jefe Remigio Ceballos.
Dos aspectos destacan en esta historia de los controladores aéreos. El primero es que los casos de origen político o actuaciones que afectan los intereses de altos personeros del gobierno terminan en tribunales con sentencias a favor de quienes manejan los hilos del poder. La segunda es que el sector militar tiene una importante presencia en los casos con tinte político más importantes que se han procesado en los tribunales del país.
El presidente Nicolás Maduro ordenó hace un año “emprender una revolución profunda y acelerada” del sistema judicial.
Para esa nueva reforma y promesa de arreglar las cosas, designó al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y a su propia esposa, Cilia Flores. El anuncio, según Maduro, tenía entre otros propósitos, acabar con el hacinamiento en las cárceles del país.
El proyecto de reforma de Ley del sistema de justicia fue aprobado por las Asamblea Nacional el pasado 31 de mayo en donde su presentador, el llamado segundo hombre en el poder, Diosdado Cabello, reconoció “las terribles fallas” del sistema de justicia y aseveró que “la iniciativa tiene como espíritu lograr que opere en función de la justicia y no de intereses de grupos de empresarios y poderosos, de los que pueden pagar y los que pueden tener influencia”.
En un país en donde “los poderosos” y quienes “pueden tener influencia” como lo indica Cabello, operan la justicia, difícilmente leyes y reformas podrán enderezar tantos años de un poder judicial sin independencia.
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