Representantes de la Organización no Gubernamental Fundaredes, solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público en San Cristóbal, estado Táchira, la activación de un mecanismo de protección para más de 15 tachirenses que están siendo amenazados de muerte por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Rubio, municipio Junín
Javier Tarazona, director de la ONG de defensa de los derechos humanos, detalló que se pidió al Ministerio Público que exija a los cuerpos de seguridad garantizar la vida de los ciudadanos en la frontera, cosa que a su juicio no se está cumpliendo y que al contrario cada día pierde la vida de manera violenta decenas de venezolanos en manos de los grupos armados.
Detalló que más allá de sembrar el terror en la zona, los irregulares han pasado a la amenaza de muerte.
“Han sido amenazados de muerte, entre ellos hay un sacerdote. Nuestra solidaridad con la Iglesia. También, han sido amenazados un diputado a la Asamblea Nacional y dirigentes de distintas agrupaciones políticas. Sabemos que estas acciones buscan desmovilizar la protesta y silenciar a los actores que denuncian y rechazan acciones del régimen y desde Fundaredes hemos tramitado una medida cautelar de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Tarazona.
Los grupos irregulares colombianos siguen actuando en la frontera venezolana. Las cifras de la última semana datan que en menos de 12 horas en el Táchira, los grupos paramilitares asesinaron a cinco personas, indicó el representante de la ONG.
“Por confrontación entre guerrilla y paramilitares por controlar los pasos fronterizos, ocurren estos dantescos crímenes en la frontera”, agregó.
Usan armas del Estado
El equipo de Fundaredes entregará en los próximos días en Bogotá, Colombia, en el Ministerio Público la data que certifica que más 228.000 armas pertenecientes a la Fuerzas Armadas Nacionales, están en poder de grupos irregulares, hampa común y demás células delictivas.
Marca, tipo y serial de cada una de ellas serán consignadas en el organismo colombiano.
“Estas armas están siendo utilizadas para cegar la vida no solo de venezolanos sino de ciudadanos a lo largo y ancho del continente”, precisó el vocero.
Durante la presentación del informe anual de la ONG, se detalla la actuación de los grupos irregulares en el territorio tachirense. Se pudieron apreciar imágenes, de hombres pertenecientes a la guerrilla colombiana jugando fútbol con los niños en la cancha de la escuela de Novilleros, (zona rural) municipio Bolívar del estado Táchira, frontera con Colombia.
“Los grupos irregulares colombianos son la primera fuente empleadora en la frontera tachirense porque cada venezolano que lleva un litro de gasolina de contrabando a Colombia le está trabajando indirectamente a la guerrilla y a los grupos irregulares porque son ellos los que controlan todas las actividades ilícitas”.
La incorporación de los grupos irregulares al tráfico de oro, coltán y tener en territorio venezolano cultivos de droga cada día va en aumento, dijo el representante de Fundaredes.
Con el informe presentado se busca involucrar a todos los actores de la vida tachirense a la transformación de esta cruda realidad.
Que las personas en la frontera colombo venezolana cuenten con ciudadanía fronteriza, que usen la misma moneda y que la frontera esté abierta 24 horas son solo algunas de las propuestas iniciales de la Cátedra de Frontera, una iniciativa en la que participan universidades y organizaciones de ambos países
Dos menores de 17 años recibieron sentencias de diez años de cárcel "por su responsabilidad en el abuso sexual cometido en contra de un joven de 14 años", en tanto otro dos de 17 y de 16 deberán cumplir pena de ocho años por "su cooperación" en ese delito, según el Ministerio Público. Los cuatro condenados, así como la víctima, eran alumnos del centro
También acordaron conversar sobre una nueva prórroga para el cese al fuego, que podría extenderse hasta febrero
