El inicio formal de la campaña a la elección primaria lleva a preguntarnos si se prevé una escalada de violencia política contra la oposición, más allá de las palabras. Reciente informe de la ONG CEPAZ indica que cada 12 horas una persona u organización es perseguida o criminalizada en Venezuela.
Desde hace unos meses se han incrementado las amenazas y acciones judiciales desde las instancias del poder en contra de sectores de la sociedad civil, trabajadores, políticos opositores y líderes de opinión. Estas medidas de control buscan mantener a raya las protestas por la crisis humanitaria que vive el país y contener el avance de las movilizaciones políticas a favor de un cambio que reclama el 85% de la población.
Las campañas que protagonizan dirigentes opositores que participan en las elecciones primarias están en la mira del aparato estatal en manos del chavismo.
A quienes manifiestan en las calles venezolanas les han enviado bandas paramilitares, los llamados «colectivos» chavistas, que les cierran el paso y atacan las caminatas; mientras alcabalas militares bloquean las carreteras por donde se desplazan candidatos en campaña. También cortan la electricidad en localidades cuando hay concentraciones y detienen a personas que prestan servicios de tarima o sonido a los candidatos.
Alentados por voceros del gobierno, los ataques se han concentrado hasta ahora principalmente contra los candidatos a las primarias del 22 de octubre María Corina Machado, Henrique Capriles y Delsa Solórzano.
La reciente acción de la Fiscalía contra Antonio Ledezma, aliado de María Corina Machado, muestra que el objetivo final es ir contra la candidata y su movimiento político (Vente Venezuela) que ha logrado gran apoyo popular.
Ledezma, aún en el exilio y con un proceso en su contra, fue acusado de conspirar contra el gobierno venezolano al supuestamente “apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país con acciones violentas”. La acusación partió por sus recientes declaraciones sobre conversaciones con militares activos y retirados.
Uno de los casos más emblemáticos recientes fue el llamado que hizo el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, cuando dijo en un acto público:
“El día que aquí en Pampanito, en este municipio, al que yo considero el más chavista de Trujillo, venga una María Corina, o lo que sea, tenemos que sacarlos a coñazos. Este territorio es libre, este territorio es soberano, este territorio es independiente”.
Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo
Henrique Capriles, candidato de Primero Justicia, ha sido hostigado hasta por el propio Nicolás Maduro, y ha tenido que abandonar algunas de las actividades programadas en el interior del país por las acciones violentas de los colectivos oficialistas en siete estados, según los registros que lleva, Venezuela360.org.
Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, denunció amenazas de muerte, además de ataques y hostigamiento por parte de los grupos oficialistas en tres ocasiones. Esa amenaza de muerte fue desestimada por el propio Nicolás Maduro quien primero dijo que eso era un montaje aunque la Fiscalía anunció una investigación al respecto.
Pero después Maduro ofreció protección ante lo que parecen ser amenazas creíbles:
El dilema es si estas nuevas arremetidas contra los candidatos y líderes laborales pueden tomar un giro de mayor violencia como se está observando en países vecinos como Ecuador, Colombia y México, en donde el asesinato de dirigentes políticos y comunitarios está a la orden del día.
En estos últimos 24 años, Venezuela ya ha vivido momentos de alta violencia en los que el asesinato, ataques y muertes en protestas, a manos de colectivos oficialistas paramilitares vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cuerpos policiales o militares, han desplegado mecanismos de represión y control social.
Sin embargo, en los tiempos actuales hay rasgos que se diferencian de etapas anteriores.
Por un lado el sector gobernante ya no cuenta con la base social, especialmente del sector popular, que acompañó a Hugo Chávez hasta su muerte. El apoyo popular restringía la protesta y las movilizaciones en sectores populares controlados por el chavismo. Ahora, aunque colectivos armados y bandas delictivas siguen manteniendo control en esa zonas, las comunidades salen a exigir demandas al tiempo que manifiestan aspiraciones de un cambio político.
Es de destacar que gran parte de estas bandas, que se fortalecieron con apoyo desde sectores oficiales, han ido cobrando autonomía y poder propio, de allí que su relación con las comunidades también ha ido cambiando.
Hoy el poder está distribuido entre diversos sectores de la nueva élite económica vinculada a negocios ilegales, como lo registra la organización no gubernamental, Transparencia Venezuela en sus investigaciones. Ese poder ya no es monolítico, ni alrededor de una ideología socialista, sino que está diversificado por distintos intereses económicos como se puso en evidencia con la defenestración política y económica de Tareck El Aissami.
Así también ha ocurrido con otras importantes figuras prominentes del chavismo que se han ido del país y están siendo procesados en el exterior por corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas, ofreciendo información sobre las mafias a las que pertenecieron a cambio de reducir penas en los juicios en su contra
En ese escenario, los cuerpos policiales y militares, cuya misión fundamental es resguardar el poder de la cúpula gobernante están afectados tanto por la crisis económica como por la penetración de las bandas y grupos que conviven con esa economía negra, dando prioridad a sus propios intereses.
A diferencia de otros países, en Venezuela, igual que en Nicaragua, la corrupción y el crimen organizado, ha surgido desde las entrañas del Estado en un mecanismo de simbiosis, como lo revela el estudio de Transparencia Venezuela, en tanto que en Colombia, Ecuador, México y Perú, entre otros, las mafias han penetrado desde afuera a los altos niveles de los poderes políticos.
Esta diferencia hace más complejo la búsqueda de acuerdos entre opositores, sociedad civil y el poder político.
En el país, en este primer semestre de 2023, no se han registrado hechos tan graves de violencia política como fue el asesinato del candidato a las elecciones de Ecuador, Fernando Villavicencio, a manos de mafias delictivas.
Pero Venezuela sigue siendo el país más violento del continente, liderando el ranking de homicidios y muertes violentas con 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido por Honduras con 35, mientras que Colombia, en donde los grupos armados y carteles ejercen gran influencia en gran parte del territorio, registra 26 homicidios.
Esa violencia muestra el deterioro institucional del país, el ascenso y fortalecimiento del crimen organizado y la “simbiosis” a la que refiere Transparencia Venezuela que existe entre el crimen y el poder.
El informe correspondiente al primer semestre de 2023, de la ONG Centro de Justicia y Paz, (CEPAZ) indica que cada 12 horas una persona u organización es perseguida o criminalizada en Venezuela.
Entre los perseguidos por el poder oficial, se registraron 112 casos contra trabajadores y medios de comunicación; 88 contra organizaciones no gubernamentales; 161 contra la población y 24 contra personas vinculadas a la política. De ellos destacan 45 detenciones arbitrarias; 172 hostigamientos y amenazas; una inhabilitación política; 14 cierres de programas de radio y cuatro clausuras de emisoras entre otras acciones.
Solamente en el mes de junio se registraron 61 actos de persecución y criminalización, por el gobierno de Maduro. De acuerdo al informe: “Los agredidos fueron trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas”.
Indica el informe de CEPAZ que se observó la agudización de ataques y represalias contra la población durante el mes de junio y la criminalización alarmante del derecho a la manifestación, a la protesta y a la huelga, la libertad de expresión y el derecho a recibir y compartir información.
Señala que periodistas fueron amenazados o impedidos de registrar los reclamos de habitantes de comunidades, donde las personas participaron en estas manifestaciones de exigencia de derechos recibieron amenazas, intimidaciones, allanamientos a sus viviendas, detenciones arbitrarias e incluso medidas cautelares innominadas que les prohíben expresarse libremente y ejercer el derecho fundamental a la protesta. En definitiva el mes de junio marcó una preocupante agudización de la criminalización a la protesta.
Destaca el informe de CEPAZ el caso de la inhabilitación política registrada este último mes de junio contra la candidata para las primarias de oposición, María Corina Machado, la tercera en la lista de candidatos que han sido inhabilitados. Los otros dos son Capriles y Freddy Superlano, de Voluntad Popular.
CEPAZ considera que a Machado se le violan sus derechos políticos a través de un acto administrativo de la Contraloría General de la República, que decidió arbitrariamente inhabilitar a Machado por un periodo de 15 años a partir del año 2015.
Para CEPAZ se trata de un acto administrativo que no puede suprimir el derecho a ser electo para cargos de elección popular, pues la normativa venezolana contempla las inhabilitaciones políticas a los cargos de elección popular como una pena accesoria, es decir, la misma es consecuencia de una principal que debe derivarse de una sentencia firme, dictada por un tribunal.
Durante el mes de junio también se documentaron 18 detenciones arbitrarias contra líderes laborales de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el contexto de las protestas por reivindicaciones laborales, acusados de instigación al odio, agavillamiento y asociación para delinquir. A comienzos de agosto seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel acusados por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Los agremiados fueron arrestados en 2022, tras encabezar protestas por salarios dignos y otras mejoras laborales.
Por prestar servicios a organizaciones políticas que se desarrollan por las elecciones primarias de la oposición, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a cinco personas por apoyar la logística para un encuentro de la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, en el estado Barinas.
Analistas observan el viraje de Nicolás Maduro hacia un modelo que ya ha estado aplicando Daniel Ortega en Nicaragua quien no solo ha inhabilitado a líderes, jefes de movimientos y candidatos electorales, sino que han sido detenidos, procesados por supuestos delitos de traición a la patria y exiliados con la eliminación de su nacionalidad.
Esta última novedad anticonstitucional y violatoria de los derechos fundamentales de un ciudadano, ha sido planteado desde el parlamento madurista por la diputada del chavismo Ilenia Medina.
Este modelo represivo para mantenerse en el poder no es originario del dictador de Nicaragua. Ha sido aplicado por casi todas las autocracias aliadas al régimen madurista. Uno de los ejemplos más representativos de ese modelo lo ha instaurado en Rusia Vladimir Putin desde que accedió al poder en 1999. El ex oficial de inteligencia de la KGB fue construyendo su poder al tiempo que se deshacía de sus rivales o adversarios políticos y financieros. Cada cierto tiempo algún jefe político, empresario o militar, se “suicida” o es envenenado, otros terminan con condenas en las cárceles del país, especialmente cuando se acercan procesos electorales.
En estos días se conoció la noticia de que fue eliminado el Centro Sájarov, el último lugar de reunión de la disidencia, mientras que el líder opositor, Alexéi Navalny fue sentenciado a 19 años de cárcel. Las persecuciones se extienden a organizaciones no gubernamentales, periodistas y defensores de derechos humanos.
En esta última etapa preelectoral en Venezuela no se han producido los extremos que han vivido los opositores en Rusia y Nicaragua, pero los registros indican un aumento significativo en de persecución y esa tendencia podría incrementarse en la medida en que se acerca el proceso electoral y aumenten las inhabilitaciones y procesos contra dirigentes políticos opositores.
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En la tarde de este martes 23 de abril, finalmente los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela lograron adherirse de manera formal a la candidatura de la Unidad
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