El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, lleva veintitrés días detenido en la sede del Sebín. En ese lapso de tiempo no ha podido ver a su familia y sus abogados solo han podido ver dos veces y en una de esas, tuvo el placer de conocerlos.
Al parlamentario se le está violando el derecho a la defensa, como señala su abogado Joel García, debido a que una vez que fue ratificada la privativa de libertad corren 45 días de cara a la audiencia preliminar en la que el Ministerio Público deberá presentar la acusación formal y de allí, pasar a juicio.
La defensa del diputado no tiene acceso a su defendido ni tampoco al expediente porque que el Tribunal que lleva la causa solo ha ofrecido despacho un día desde la audiencia de presentación hace ya 15 días. Esto ha impedido que los abogados ejerzan recursos como la solicitud de un examen médico con los doctores tratantes del diputado.
Por su parte la hermana del parlamentario, Rafaela Requesens, responsabilizó al Gobierno de lo que le ocurra al legislador y a su familia. Reiteró que el joven de 29 años es paciente bariátrico y requiere ciertos cuidados, que han sido impedidos por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Además de no permitirle la entrada de vitaminas y medicamentos, a la familia se le hace esperar horas para entregar la comida con la excusa de que «no hay funcionarios que la reciban». A eso se le suma que desconocen si realmente el diputado recibe la comida.
Como algo «excepcional» calificó Rafaela Requesens lo ocurrido este jueves 30 de agosto puesto que pudieron entregar la comida inmediatamente. El hecho se lo atribuye a la presencia de medios.
La joven asegura que seguirán exigiendo ver a su hermano y verificar que esté en buen estado de salud aunque alertó que, de no cumplir con el tratamiento, el diputado está en riesgo de muerte.
En relación a lo que el Gobierno califica de «atentado» contra Nicolás Maduro registrado el 4 de agosto, junto al diputado hay cuatro detenidos más en la sede del Sebin en el Helicoide. A estas personas tampoco se les ha permitido que sus abogados los vean.
De acuerdo a los funcionarios, los familiares deben autorizar ante el organismo que los abogados puedan ingresar. Sin embargo, a los familiares tampoco se les permite la visita. En el caso de Juan Requesens, el argumento para no permitir el ingreso de los abogados es que hay «órdenes superiores».
Las irregularidades en este caso continúan pues, aún y cuando el Tribunal ordenó que el sitio de reclusión sea el Sebin, varios de los detenidos se mantienen en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entre ellos, los generales de la Guardia Nacional, Alejandro Perez Gámez y Héctor Hernández Da Costa y el coronel Pedro Zambrano.
A estos detenidos tampoco se les ha permitido la visita no de familiares ni de abogados.
En esta institución el argumento utilizado es que los detenidos están en un «periodo de adaptación», una figura que aún y cuando no está prevista en el ordenamiento jurídico, se viene aplicando con frecuencia.
Los equipos de abogados alertan además la posibilidad de la existencia de desapariciones forzosas en este caso ya qué hay personas que se habrían detenido y aún no han sido presentadas en Tribunales. Sin embargo, los abogados no especificaron nombres.]]>
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