El regreso de los controles de precios a Venezuela llega en medio de la cuarentena y de la parálisis total de la economía. La intervención de grandes empresas de alimentos echa un baño de agua fría a los optimistas del pragmatismo. Se marchitan las apuestas a que Nicolás Maduro abriría el mercado venezolano al estilo de una China tropical, de férreos controles políticos con liberación económica
El regreso de los controles de precios y la intervención de los circuitos de grandes empresas de alimentos desataron de inmediato compras nerviosas en Venezuela, en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus y la parálisis de la economía.
También entierran las esperanzas de algunos desprevenidos que apostaban a que persistiera un pragmático esquema de apertura al estilo de China. En cambio, los controles resucitan los miedos en una economía postrada por años de depresión e hiperinflación.
Para los más optimistas, prochavistas o integrados, esto supone otro baño de agua fría. Se aleja el sueño de una “China tropical”: una economía que pudiera prosperar en medio de controles políticos.
Los renovados controles ni de lejos permiten atacar las verdaderas causas del colapso del mercado interno venezolano. Estas son el desplome de las exportaciones petroleras, de las importaciones, la caída de la producción agrícola local, las constantes devaluaciones, la crisis energética y la falta de financiamiento.
Desde la mañana del sábado, en grandes y pequeños comercios de toda Venezuela eran evidentes las aglomeraciones de clientes ansiosos de aumentar sus provisiones de alimentos. Los anuncios del gobierno llevan a la mayoría a apostar con que los controles traerán más escasez, como ocurrió en el pasado.
O tal vez peor, si se considera que este año el gobierno sufre una drástica caída de sus ingresos. Quienes soportan la economía y las importaciones son empresas privadas y emprendedores, con sus propios fondos.
“Las importaciones el año pasado fueron apenas de $5.293 millones. Para este año estaba estimado unos $2.500 millones» , sin incluir el impacto del coronavirus. Tampoco se incluía la vuelta al control de precios, que seguramente va a incidir en el volumen de importaciones privadas este año», advierte el economista Natan Lederman.
«Por el regreso de los controles, la caída de las importaciones per cápita va a ser mayor. Volveremos al racionamiento y la escasez”, resume Lederman, experto en Comercio Exterior y profesor de la Universidad Metropolitana.
“De acuerdo con nuestras estimaciones, este año en el país las importaciones por habitante van a cerrar, en promedio, en 86,59 dólares”, señala el experto.
“Para este año, inicialmente estimé la caída de las exportaciones petroleras a unos 4.200 y las privadas a la mitad. Eso me daba unas 5.000 de exportaciones”.
“Esta cifra contrasta con el récord histórico registrado en 2012 de $2.280 por habitante. En 2001, cuando aún no se había producido el superboom de los precios del petróleo, las importaciones alcanzaron a $689 dólares per cápita”, ilustra.
Venezuela importaciones per capita (1)
En la memoria colectiva reciente de los venezolanos están las largas filas al frente de mercados, panaderías y farmacias para comprar alimentos básicos, como harina, arroz, aceites y granos.
Esa grave parte de la perpetua crisis venezolana se manifestó con fuerza durante todo el régimen de Nicolás Maduro hasta hace un par de años. Después, un gobierno quebrado tuvo que relajar los controles de precios, de cambio y los aranceles de importación.
La lógica del chavismo fue optar por el abastecimiento, porque los jerarcas del régimen entendieron que era más peligroso mantener los anaqueles vacíos.
De esta manera, permitieron a los privados importar directamente materias primas y productos terminados, lo que reactivó la industria de alimentos. Nuevas marcas aparecieron ante los consumidores, o pequeñas marcas de estados del interior del país llegaron a la capital.
Ahora los importadores temerán arriesgar sus capitales en divisas y exponerse a confiscaciones de productos. Tampoco querrán vender a precios por debajo de los costos de producción, coincidieron analistas.
Los circuitos mundiales de distribución de alimentos están entorpecidos por la crisis de la pandemia global. La escasez de ciertos productos básicos podría afectar a grupos de naciones.
Venezuela por su parte no tiene ingresos en divisas, sus fuentes de acceso al financiamiento externo están cerradas para el gobierno. El petróleo, que aporta 97 de cada 100 dólares que entran al país, está en sus precios más bajos en dos décadas, y la cesta venezolana se cotiza por debajo de su costo de producción.
El régimen de Maduro está sancionado y no puede competir con gobiernos de otros países por el financiamiento blando de organismos multilaterales de desarrollo.
Aunque las sanciones impuestas por Washington no impiden la importaciones de alimentos, medicinas ni materias primas, el gobierno no tiene cómo pagar por esas compras. Tampoco puede financiarlas con cartas de crédito.
Internamente, la producción ya estaba golpeada antes de la crisis acelerada por el nuevo coronavirus. Gremios de productores agropecuarios denuncian escasez de semillas, fertilizantes, maquinarias y alimentos para animales.
El país atraviesa una seria crisis energética que no parece tener solución inmediata. En los campos se pierden cosechas y miles de litros de leche porque no hay combustible para llevar estos productos a los centros de consumo.
En los últimos meses, un experimento del socialismo chavista había liberado controles de precios y de cambio. Esto había dado paso a una burbuja de supuesta reactivación económica y a anaqueles llenos en abastos y supermercados, lo mismo que en los «bodegones», tiendas boutique de importados.
Aunque muy poca gente puede comprar todo lo que necesita en el comercio local.
También había ayudado a desacelerar un tanto la aguda hiperinflación que mantiene al país en tererapia intensiva.
Los más optimistas, algunos consultores entusiastas y hasta «chavistas de closet» llegaron a preconizar que el régimen de Nicolás Maduro estaba optando gradualmente por un modelo al estilo chino: de flexibilidad económica con control político.
Pero lo cierto es que en los últimos meses, especialmente durante la pandemia del nuevo coronavirus, Maduro y los militares que gobiernan con él han extremado el control social y la persecución política. Hasta ahí las semejanzas con China.
El regreso de los controles da un baño de agua fría a los más optimistas, que incluso apostaban a una recuperación sostenida.
Los números de la “economía formal” no son los mejores y ratifican que Venezuela es el país con más inflación y más recesión. Pero “hay una economía informal, que está surgiendo” y que lleva a un repunte, señalaba apenas en febrero José Antonio Gil Yepes, directivo de Datanálisis.
Pero los problemas estructurales de la economía siempre han estado ahí, más allá del pragmatismo de Maduro y sus generales.
La noche del viernes, el heredero de Hugo Chávez ha vuelto por los fueros de la llamada revolución bolivariana. Resucitó los controles de precios e interveno las operaciones de las más grandes productoras de alimentos, incluyendo Coposa, de aceites vegetales.
Ordena la “venta supervisada” de tres grandes empresas: alimentos Polar, Plumrose y el mayor procesador de carne que quedaba en el país, el matadero de Turmero (centro).
Todos los pronósticos son pesimistas sobre el impacto de estos controles en un país en ruinas. Como si se viviera una guerra, el mercado negro es una amenaza y una presencia constante en ciertos rubros.
El miedo se expresó de inmediato en las compras apresuradas de la harina Pan, la estratégica harina de maíz que es la base de la comida de los venezolanos.
“Pareciera que, recurrentemente, parte del empresariado venezolano cae en el constante error de no leer los llamados “Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Pdesn)”, señala el consultor y profesor universitario Eduardo Porcarelli.
El error de esos empresarios privados es “no entender las diferencias entre lo que es táctico y/o estratégico para el gobierno de Maduro”, señala este ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri).
Conapri tiene una función que se parece hoy a la de quien vende abrigos en la canícula del llano venezolano.
“Ese tercer plan, que cubre el período 2019-2025, deja muy claro que, de acuerdo con la visión de Maduro, el sistema capitalista forma parte de la denominada “guerra económica”. Y que, por ende, la distribución, la logística, los precios, forman parte de una perversa lógica”, señala Porcarelli.
“Para el gobierno de Maduro, uno de los frentes de batalla en la dimensión económica es el sistema de precios”, explica.
Los menos dogmáticos del gobierno conocen las variables que inciden en la formación de los precios. Pero para ellos es mejor obviarlas, bajo el argumento que los mecanismos de fijación son falsos y lo que pretenden es debilitar al gobierno y a las llamadas capacidades de defensa integral de la nación, analiza Porcarelli.
“Para ell,o el propio Plan Socialista contempla todo el entramado institucional para hacer seguimiento a los precios y sancionar cuando sea necesario. Este entramado no desaparece. Se activa o se desactiva conforme a las circunstancias», señala.
Eso está creado para asegurar el funcionamiento «de uno de los pocos hilos de conexión con la población: la caja CLAP”, agrega sobre esos paquetes de alimentos básicos racionados por el partido de gobierno y sus comités de abastecimento.
Estas cajas sirven a muchas familias pobres para atenuar el hambre. Pero, en esencia, son mecanismos de control social y de extorsión a los votantes, denuncian activistas políticos y defensores de los derechos humanos.
“El optimismo, la ingenuidad, y la viveza de algunos es otra mezcla perversa”, dice Porcarelli sobre el partido que pretenden sacar algunos de ciertas relaciones con el régimen chavista.
De ese entusiasmo nació la idea de la «china tropical» y hasta un grupo de “empresarios optimistas” ha hecho lobby público por la integración con el régimen y la concordia política.
Durante los últimos años, la llamada revolución bolivariana amplió las enormes brechas sociales entre los venezolanos. Así, un segmento enorme de la población más pobre depende de alimentos subsidiados, que son importados por el propio gobierno.
Mientras, otra parte –que la firma Ecoanalítica calculaba en 15% de la población – tenía algún tipo de acceso directo a las divisas para comprar en un mercado donde los medios de pago se han dolarizado con el visto bueno de Maduro.
Ahora, el poder adquisitivo de ese segmento también se derrumba estrepitosamente con la crisis mundial generada por el nuevo coronavirus. Miles de venezolanos que vivían del día a día en países de América y Europa, que ganaban propinas en restaurantes y salarios mínimos en tiendas y otro servicios, han visto truncados sus ingresos hasta nuevo aviso.
Los que recibían pagos de empresas afincadas en el exterior por sus trabajos hechos desde Venezuela también tienen un destino incierto, mientras en las principales economías se multiplican los cierres, suspensiones y quiebras.
En un país que atraviesa una grave crisis energética en todos los segmentos del mercado de combustibles, los renovados controles acelerarán la escasez.
Las medidas antimercado –que estaban agazapadas como una bestia hambrienta de populismo– llegan en momentos en que agricultores y empresarios del campo pierden sus cosechas por falta de gasolina para transportarlas hasta las ciudades.
Tampoco hay gasoil (diesel) para mover tractores y bombas de riego. Mucho menos para encender plantas termoléctricas que compensen las deficiencias del extenuado sistema hidroeléctrico de generación y transmisión.
En Venezuela tampoco existe el crédito bancario ni de instituciones del Estado para financiar siembras y cosechas. Menos para asistir a pequeñas y medianas industrias, comercios, ni trabajadores informales o cesanteados.
De modo que los controles arrecian en medio de una depresión económica profunda. En los seis años de Nicolás Maduro se ha liquidado casi tres cuartas parte del tamaño de la economía. Este 2020, el nuevo desplome previsto por el FMI se acercará a 18%.
El punto más neurálgico del desabastecimiento de alimentos en Venezuela lo constituyen la escasez y el mercado negro de gasolina.
Incluso en el populoso barrio El Cementerio, de Caracas, el litro de gasolina se vende entre dos y tres dólares, dependiendo de la oportunidad.
En pocos días, Venezuela pasó de tener la gasolina más barata del mundo a la más cara.
Antes de la escasez acelerada por la cuarentena y la parálisis total de las importaciones, la gasolina no valía nada. Así, uno podía pagar un tanque de un auto grande con una galleta, un banano o con cualquier moneda.
Oficialmente, a los precios vigentes, con un dólar se pueden comprar hoy 170.000 litros de gasolina.
Este mercado negro está en manos de policías, militares y grupos paramilitares de los llamados colectivos, afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), según denuncias de personas afectadas y como lo han podido constatar periodistas y vecinos.
En las largas colas en estaciones de servicio es frecuente la presencia predominante de escoltas de militares y funcionarios, de policías de civil, uniformados y de vehículos oficiales.
También son evidentes los vehículos de transporte público, las llamadas “camioneticas” por puesto y autobuses.
Mientras, médicos y enfermeras y trabajadores de la salud denuncian que tienen que caminar largos trechos hasta sus centros de trabajo por falta de transporte o de combustible para sus automóviles.
La presencia de unidades de transporte público en las colas de las gasolineras contrasta con la cuarentena.
“En Caracas, personas ofrecen el litro de gasolina entre los dos y los tres dólares. Esta gasolina proviene no solo de los funcionarios que controlan las estaciones de servicio, sino también de los transportistas públicos. A ellos les genera más rentabilidad vender la gasolina que transportar personas, por lo económico del servicio de transporte” (de los pasajes regulados), dijo un testigo.
“El descaro ha llegado a tal extremo que hasta en la puerta de tu casa te la ofrecen”, señaló esta fuente vecinal.
La escasez de combustibles y este mercado negro en auge han detonado el repunte de la hiperinflación en las últimas semanas.
Pero ha sido también impactante la megadevaluación propiciada por el gobierno en lo que va de cuarentena.
En un país que depende por completo de las importaciones, el impacto sobre los precios era inevitable. La retórica chavista, una vez más, despacha el asunto atribuyendo el auge de precios a “los especuladores”, a “la derecha” y a una supuesta “guerra económica” que le hacen sus enemigos dentro y fuera del país.
“Esta es una receta que conduce al caos”, resume un experto consultor vinculado con el negocio de los alimentos, que prefiere el anonimato por temor a represalias.
“Llega en este momento en el que no hay fuentes de financiamiento para el gobierno, en que no puede traer materias primas, no por las sanciones, sino porque no puede financiar”, señala.
“El gobierno ahora decide a quién le vendes y cuánto le vendes”, señala esta fuente.
Pero si obliga a las empresas de alimentos a vender a quien no les paga, “se trancara la rueda”, porque las firmas no tendrán flujo de caja para importar sus materias primas.
Otros analistas apuestan a que estas intervenciones quieren asegurar el suministro directo de los alimentos a los comités del partido que distribuyen las cajas Clap. Por eso llega en momentos en que la hiperinflación, el desempleo y el hambre han hecho estallar los primeros focos de protestas y saqueos en poblados del interior del país.
Pero el gobierno repite su formula fallida de controles en un escenario radicalmente distinto al del pasado, señala el experto en alimentos.
Antes, cuando obligaba a las empresas a acordar precios, era el propio gobierno el que importaba las materias primas, se las vendía a la industria –en algunos casos subsidiada y en otras no– y les permitía transformarlas.
“El gobierno tenía una logística de suministro de las materias primas principales para la industria transformadora. Ese escenario desde hace dos años no existe”, explica.
Hace un par de años, Maduro dijo en una reunión con empresarios privados que el gobierno no podría seguir financiando la entrada de materia primas. Pidió a los agentes económicos asegurar su propio abastecimiento de materias primas y de dolares.
En definitiva, decía que se acaba el rentismo petrolero.
Desde entonces, en términos generales, la industria ha venido abasteciéndose con su propio flujo de caja para financiar su trabajo y cada grano de maíz que procesa debe reponerlo a dólar libre.
Las empresas dependen de sí mismas, pues ni siquiera hay crédito en los bancos, convertidos en simples almacenadores de dinero que financian al gobierno a través del encaje legal (obligación de depositar en el Banco Central casi todos los depósitos del público).
“Ese entorno de desequilibrios en las variables fundamentales de la economía hizo que al gobierno no le quedara más remedio que liberar los precios”, señala esta fuente.
Los controles a empresas grandes, como Polar y Plumrose, implican una pesadilla logística que trabará aún más el mercado.
Solamente Polar atiende a una red de 35.000 clientes y otros 55.000 franquiciados por semana. En medio de la cuarentena y de la escasez de combustibles, logra poner sus productos a la mano de los consumidores.
“Es de una torpeza supina” por parte del gobierno aplicar sus recetas anteriores en todo este contexto, señala una fuente.
Por el lado del mercado interno las cosas no pintan mejor.
La cosecha nacional de maíz blanco, base de la arepa en la dieta venezolana, cubrió en 2019 solo 20% de los requerimientos.
“Este año, si llega a 10% será mucho, por ausencia de fertilizantes, herbicidas, semillas y, además, de la mano de obra diaria. Lamentándolo mucho, seguimos involucionando. Hasta 2007 Venezuela fue autosuficiente en maíz”, dice la fuente.
En las condiciones actuales, las empresas venezolanas están obligadas a pagar por anticipado –y al contado, con su propio flujo de caja– las importaciones de materias primas, granos y cereales.
De ahí en adelante, una compleja logística consume entre 60, 90 y 120 días desde el acuerdo y el pago hasta la llegada a puertos venezolanos.
“Hasta ahora, la agroindustria venezolana había podido sortear estos temas y seguir importando. Ahora, ¿cómo haces para mantener estos ciclos con todos estos anuncios? La verdadera guerra la están causando ellos”, desde el gobierno, dice el experto.
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