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Maduro desgrana ante la ONU una lista de mentiras sobre Venezuela

En un discurso reñido con la realidad que viven millones de venezolanos, Nicolás Maduro describió ante la Asamblea de la ONU los supuestos logros del chavismo en derechos humanos, salud y derechos civiles y políticos. He aquí algunos datos que refutan la mentira oficial.

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El gobernante chavista Nicolás Maduro expuso este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas la particular visión oficial de Venezuela, un país sumido en una de sus peores crisis históricas. En su discurso, el heredero de Hugo Chávez defendió encarecidamente un régimen que duramente cuestionado por las democracias de corte occidental.

Sus afirmaciones parecen chocar con la cotidianidad de millones de venezolanos que padecen una depresión económica que lleva siete años, la única hiperinflación del planeta, el colapso de su emblemática industria petrolera, una crisis crónica de energía, y la bien documentada ruina de sus sistema de salud, educación, infraestructura y servicios básicos.

El régimen que encabeza Maduro, donde conviven varias tendencias del chavismo, es acusado de cometer crímenes contra la humanidad, según conclusiones documentadas de expertos de la propia ONU que piden enjuiciar al gobernante y sus cercanos colaboradores ante instancias de la justicia universal, como la Corte Penal Internacional.

«Como miembros del Consejo de DDHH de #ONU, reafirmamos nuestro compromiso de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa», dijo Maduro en un pasaje de su discurso, citado por la Cancillería.

En octubre de 2019, Venezuela logró un puesto en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo donde la democracias de corte occidental son franca minoría y predominan los gobiernos autoritarios o híbridos.

Informe devastador

Desde hace años el régimen chavista, primero el capitaneado por Hugo Chávez y desde 2013 en manos de Maduro, ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos.

La acusación más dura provino el 16 de septiembre de la «Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela», cuyo primero informe, de más de 400 páginas recoge denuncias, testimonios y documentación para encauzar al régimen venezolano en un proceso penal por crímenes de lesa humanidad.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

«La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad». Este miércoles la comisión ratificó que sostiene todas sus denuncias.

Paraíso verde negro

En su discurso, Maduro también elogió la supuesta vacación verde y ecologista de un régimen que según su Plan de la Patria, se propone «preservar la vida en el Planeta y salvar a la especie humana» de su propia destrucción.

El gobernante chavista instó a los líderes mundiales a «alcanzar el más alto compromiso político para combatir el cambio climático como una prioridad urgente».

Venezuela, con una economía que en 20 años arreció su dependencia a una industria petrolera ahora colapsada, acumula serios pasivos ambientales desde hace años, como la montaña de carbón coque frente a playas del mar Caribe.

Montañas de coque en el Complejo José Antonio Anzoátegui, de PDVSA, en el oriente del país (Foto: Angel Arellano/Archivo)

Los derrames petroleros en tierra y aguas, la quema impune de gas natural en refinerías, cuyos gases contribuyen al efecto invernadero, la sostenida emisión de carbono y metano son parte del paisaje del país.

Los desechos tóxicos en refinerías y empresas siderúrgicas y del aluminio, los basureros a cielo abierto y la falta de un sistema eficiente de recolección de basura, la deforestación sostenida de la selva amazónica, la explotación depredadora de minerales incluso en parques nacionales, bajos los auspicios del gobierno y sus grupos aliados en el llamado «Arco Minero», son parte de la realidad que no se puede esconder con los discursos.

Patas cortas

El régimen chavista ha usado durante años la mentira como una forma de ejercicio del poder y crea una realidad paralela que vende mediante un complejo sistema de propaganda y desinformación. Esa red de hegemonía comunicacional además aprovecha la ausencia de medios tradicionales de alcance nacional, la precariedad de internet y las dificultades económicas de un país con casi 90 por ciento de los hogares en condiciones de pobreza por ingresos.

«Gracias al Sistema Patria, donde están inscritos más 20 millones de ciudadanos, hemos podido llegar a todas las comunidades de nuestro país», dijo Maduro.

Este sistema de información recoge datos de todos los ciudadanos que reciben alguna forma de beneficio social, incluyendo pensiones y entrega de cajas de alimentos subsidiados.

Las pensión es equivalente a un dólar por mes, y miles de ancianos madrugan en colas en  los bancos para recoger un pago que apenas alcanza para comprar un kilo de harina de maíz o un cuarto de kilo de queso.

Las cajas de comida, llamadas Clap, forman parte de un esquema de control social y extorsión electoral, según denuncian activistas políticos en las barriadas pobres. La mayor parte de estos alimentos son importados por un esquema en el que el propio Maduro y otros líderes del chavismo tienen intereses económicos particulares, según investigaciones periodísticas y judiciales en curso.

Mentiras impiadosas

«La pandemia nos ha hecho ganar conciencia y pensamiento crítico sobre las contradicciones del capitalismo y su incapacidad lógica y operativa para enfrentar estas crisis», dijo Maduro sobre la crisis de salud generada en el mundo por el nuevo coronavirus y el COVID-19.

«El neoliberalismo impuesto asfixió a las instituciones públicas convirtiendo la salud en un lujo. ¡La salud y el bienestar de la población no son mercancía; el mercado no puede seguir regulando el destino de la humanidad!».

En realidad, el sistema de salud de Venezuela, que ya estaba colapsado antes de la llegada de COVID-19 es uno de los peores de América. Los propios hospitales del Estado le exigen a los familiares de pacientes en peores condiciones que lleven desde las sábanas y fundas, hasta inyectadoras, calmantes y trajes para los médicos y enfermeras.

Personal Medico

Foto: Alvaro Ybarra

Los que tienen más suerte pueden acudir a clínicas privadas, que ya están abarrotadas.

Tener un seguro médico inclusive privado es un lujo inalcanzable para las vastas mayorías. La mayor cantidad de las muertes hospitalarias ocurren más por falta de tratamientos, equipos y personal que por las propias enfermedades que en otro país pueden ser relativamente tratables y con buena prognosis.

Terroristas biológicos

«El fracaso en la gestión del #COVID19, la sistemática violación de los DDHH, la discriminación, maltrato, falta de condiciones socioeconómicas, situación de semi-esclavitud», razones por las cuales retornan miles de venezolanos a su patria, dijo Maduro sobre una hola de unos 100.000 venezolanos que han regresado este año a su país escapando de la crisis económica desatada por la pandemia en  los países americanos donde residían.

La verdad, es que el propio  Maduro y sus cercanos colaboradores han acusado a estos connacionales de ser armas biológicas enviadas por el gobierno de Colombia, una especie de «bioterroristas con la tarea de atentar contra el Estado venezolano y la llamada revolución bolivariana».

La OEA, activistas de los derechos humanos y ciudadanos comunes han denunciado las condiciones denigrantes en que son internados estos migrantes en instalaciones del Gobierno, especialmente en ciudades fronterizas, pero también en Caracas.

El propio régimen ha pedido a fuerzas militares, a la policía política y a soplones del gobernante Partido Socialista que denuncien y cacen a las personas que regresaron por caminos verdes, o trochas ilegales en la frontera con Colombia.

«Sin embargo, nuestro país enfrenta una oleada de retornos voluntarios de miles de migrantes venezolanos, procedentes de países con altísimos niveles de contagios del #COVID19, como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil», dijo.

Entre cuatro y cinco millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, una parte de ellos son de muy bajos recursos.

Según especialistas, en Venezuela hay una subestimación de casos de la enfermedad entre otras razones porque las personas le temen más al gobierno que al coronavirus y prefieren quedarse en sus casas a pasar la convalescencia, a menos que se agraven. «Nuestro sistema de protección social y de salud nos permite ir casa por casa a buscar los casos positivos y a atender los casos sospechosos o potenciales con ayuda de las misiones médicas».

Refugiados venezolanos regresan por Táchira. (Foto: Rosalinda Hernández/El Estímulo)

A menudo fuerzas militares y policiales han llevado a los pacientes y los han confinado en centros de cuarentena o en dispensarios.

«Hemos aplicado cerca de 1 millón 900 mil pruebas gratuitas para el diagnóstico del #COVID19. Esto es una verdad de Venezuela que no la oirán, no la verán en los medios tradicionales, mucho menos en las redes sociales», dijo Maduro.

Elecciones a la medida

«El próximo #6Dic se efectuará la elección democrática número 25 en 20 años. Esta vez, para renovar el Poder Legislativo, con la participación de más de 14.400 candidatos, de más de 107 organizaciones políticas de todo el espectro ideológico nacional», dijo Maduro.

En efecto, en las últimas dos décadas el chavismo ha ejercido un exitoso autoritarismo de electoral que le ha permitido vender el sufragio como sinónimo de democracia.

Pero la verdad es que las pocas veces que la oposición ha logrado ganar en las urnas el resultado del voto es técnicamente desconocido. Según analistas, el ciudadano común vota pero no puede ejercer su derecho a que los funcionarios electos puedan ejercer sus mandatos democráticos.

Este expediente incluye el desconocimiento de la actual Asamblea Nacional (Parlamento), que fue conquistado por la oposición con mayoría calificada en 2015. Mediante subterfugios legalistas, y el uso del Tribunal Supremo de Justicia, compuesto por magistrados chavistas, fue anulado el poder legislativo.

Sus funciones fueron asumidas por completo por una supuesta Asamblea Constituyente que en realidad nunca redactó un solo artículo de una nueva a constitución. Con sus poderes soberanos  y originarios le permite a Maduro gobernar por decreto y sin contrapesos de poder.

El propio Chávez en 2007 perdió un referendo donde el pueblo negó poder para modificar la constitución, pero el militar terminó imponiendo su criterio y aplicando por su cuenta una serie de reformas para atornillar el poder de su régimen.

En gobernaciones de estados y alcaldías importantes, cuando han perdido los candidatos del régimen, a los opositores les imponen «protectores», funcionarios chavistas que terminan administrando los fondos y decisiones de alta política.

A través de la compleja red de la Fuerza Armada, son además los generales y coroneles los que tiene el poder armado real en esas jurisdicciones.

«Buscamos seguir construyendo el camino hacia la reconciliación nacional, entendiendo que la paz merece todos los esfuerzos y no cesaremos en nuestro empeño», aseguró Maduro a la ONU.

«Fueron indultados 110 ciudadanos pertenecientes a grupos de la derecha opositora, procesados por diversos delitos relacionados con crímenes de agresión contra nuestro país», agregó.

6D Elecciones a la medida

Muchos de estos presos políticos seguían cautivos aunque los tribunales habían ordenado su liberación, la mayoría no tenía juicios firmes ni siquiera audiencias de presentación, muchos son civiles juzgados por tribunales militares y ninguno tiene libertad plena.

A su salida de los calabozos, varios denunciaron torturas y tratos crueles y vejatorios.

«En aras de la reconciliación y acatando los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Nacional, se han tomado un conjunto de medidas de beneficio y de garantía para la democracia en Venezuela», dijo Maduro.

En realidad, los principales partidos opositores siguen proscritos, intervenidos por el Tribunal Supremo, que  impuso juntas directivas de amigos de Maduro incluyendo a falsos opositores, transfugas o infiltrados. Algunos de ellos acaban de ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, unos 37 partidos se han negado a participar en el proceso electoral del 6 de diciembre por considerarlo un fraude anticipado.

El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen este proceso, lo que hace prever que la crisis política venezolana se prolongará indefinidamente.

«Exigimos el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, que dejen a nuestros pueblos ejercer su propio derecho, el derecho al desarrollo y a la paz»

«Ratificamos al mundo que Venezuela se ha preparado para resistir y está resistiendo esta ofensiva de agresión criminal, inhumana. Venezuela se ha preparado para vencer este bloqueo del gobierno de EEUU», agregó.

El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a la alta cúpula del chavismo, incluyendo a Maduro y sus principales ministros y colaboradores militares y civiles.

Les ha presentado cargos que incluye narcotráfico, violación  de derechos humanos, corrupción y atentados contra la democracia.

«A Venezuela le han sido arrebatados más de $30 mil millones en cuentas bancarias en EEUU y Europa, persiguen a cualquier empresa o gobierno que comercialice algún bien o servicio con nuestro país», denunció Maduro.

Se refiere a fondos congelados en Estados Unidos y Europa, en medio de sanciones al sistema financiero del gobierno que se sustentan en el argumento de impedir que estos dineros públicos sean usados por un régimen acusado de corrupción y cuya hegemonía impide investigar escándalos de desfalcos en empresas como Petróleos de Venezuela, bancos estatales o un arruinado Fondo de Estabilización que se nutría con ingresos del petróleo.

«Tenemos un modelo propio, pensado bajo el principio de priorizar la vida de todos por igual. Hemos sabido conjugar el distanciamiento saludable con la vida productiva del país, denominado el “Sistema siete más siete”, dijo sobre una flexible cuarentena en un país con altas tasas de informalidad y donde no hay un sistema de compensación de ingresos mínimos de supervivencia para las personas obligadas a quedarse en casa.

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