Tuitear, pensar, informar y opinar lleva a la cárcel en el chavismo

Pedro Jaimes Criollo, preso del régimen. Es uno más de los más de 400 personas que injustamente tenía secuestrada el gobierno de Maduro hasta el 17 de octubre. Jaimes Criollo es uno de los miles que fueron llevados a las cárceles por molestar al Ejecutivo.

Tuitear, pensar, informar y opinar lleva a la cárcel en el chavismo

Su delito fue tuitear, tuitear información pública, la ruta del avión presidencial, el 3 de mayo mientras Nicolás Maduro hacia campaña para su “reelección”.


El 10 mayo de 2018 fue llevado preso. Desde ese momento estuvo preso por año y medio en las cárceles del régimen hasta su excarcelación con régimen de presentación. Su caso le puede pasar a cualquier persona en Venezuela.

Jaimes Criollo era el administrador de @aereometeo en Twitter. La cuenta tiene más de 35.000 seguidores y en ella tuiteaba situaciones irregulares, reportes meteorológicos y temas internacionales.

Carlos Correa, director de Espacio Público, consideró que el caso de Pedro Jaimes es un caso relevante por el tiempo que estuvo detenido, y por la tortura a la que fue sometido. Su caso también califica como desaparición forzada, en los primeros dos meses estuvo desaparecido y no fue presentado ante tribunales.

“Es una persona detenida por divulgar información pública. En el proceso lo acusan de afectar la seguridad nacional. Una información que es pública, no puede ser considerada una afectación a la seguridad nacional”, afirmó.

Correa indicó que los aviones tienen para indicar información de su movilización y ruta, es información que se usa en los radares y que se ha desarrollado aplicaciones que permiten recuperarla. “Muchos aviones presidenciales en el mundo la tienen, algunos países la han desactivado o tienen mecanismos de seguridad. Si el gobierno venezolano no quiere que su registro aparezca en los sistemas son ellos los que tienen que resolver el problema”.

El comunicador social también consideró: “Es un caso grave por lo que vivió, es una persona común sin redes de protección natural, una persona aficionada a la defensa civil, a las telecomunicaciones, que quería ser piloto y no pudo serlo. Es un caso que continúa que tiene una resolución del grupo de trabajo y de detenciones arbitrarias que ordena su liberación plena, que le indemnicen y por lo tanto le reparen los daños causados pero tiene igual régimen de presentación mensual ante el tribunal”.

Su detención en el Sebin fue como la de cualquier venezolano que es llevado a esa sede, objeto de malos tratos violatorios de los derechos humanos, condiciones precarias, sin atención médica, ni condiciones que garantizasen su salud.

“Es grave porque es una persona detenida por un tuit, que divulga información pública, que fue sometido al terrible proceso judicial venezolano y a la detención muy grave y que mejoró sus condiciones porque se pidieron cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la salud, nunca fue tratado el tema médico, ahora está en casa pero sigue el proceso judicial abierto”, afirma Correa en relación a su régimen de presentación mensual.

Fue en octubre de 2018, hace un año ya, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares a favor de Jaimes Criollo.

No es un caso aislado

Jaimes Criollo, no es la primera persona a la que el gobierno venezolano ha llevado a investigación y detención por ejercer la libertad de expresión, una libertad consagrada en la Constitución y que se respeta en cualquier democracia o país con libertades civiles.

Inés González, bióloga, mejor conocida como @inesitaterrible fue detenida el 4 de octubre de 2014 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), previamente había ayudado a desenmascarar a Juan Almeida, el hacker N33, quien trabajaba con Mario Silva, conductor del programa La Hojilla en el canal Venezolana de Televisión y con el que se intervino numerosas llamadas de políticos venezolanos.

González escribió el 2 de octubre un tuit sobre la muerte de Robert Serra. El Poder Judicial, coactado por el Ejecutivo chavista, la acusó con delitos como instigación al odio, ultraje violento y ultraje contra funcionario, estos dos fueron retirados por los tribunales.

La tuitera estuvo detenida hasta noviembre de 2015 cuando se le dio casa por cárcel como medida humanitaria por el diagnóstico de tumor parauterino que sufrió, en septiembre de 2017 salió de Venezuela para España pues temía que la querían volver a encarcelar.

Otro preso en condiciones similares fue el periodista Braulio Jatar, quien en el 3 de septiembre de 2016 fue detenido por el Sebin en Margarita. Jatar había publicado en su sitio web, Reporte Confidencial, los abucheos y cacerolazos que recibió Nicolás Maduro en la isla en el sector Villa Rosa de Porlamar.

En su causa se aseguró que poseía 25.000 dólares y que pretendía financiar un ataque contra los mandatarios en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se llevaría a cabo 10 días después, incluso se le pretendió señalar por lavado de dinero.

En abril de 2017 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas afirmó que la detención fue arbitraria y demandaron su liberación. En 24 de mayo de 2019 se le dio casa por cárcel por problemas de salud.

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