Sus directores, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob calificaron de «excarcelaciones» las recientes órdenes libradas por el gobierno sobre 48 presos políticos sin gozar la libertad plena, afirmaron. Todas las personas que han salido de la cárcel cuentan con medidas que «en cualquier momento pueden ser revocadas», aseguraron los abogados en una rueda de prensa en Caracas.
Incluso, dijeron que se desconocen las cautelares que enfrentan los presos políticos por dos razones: los tribunales que dictaron esas medias están cerrados o «el órgano que las ordenó, Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es incompetente para conocer esta materia y los tribunales no saben qué hacer«, dijo Himiob.
Tanto Romero como Himiob son tajantes en decir que el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana «detuvo las liberaciones» y que no ha sido «eficaz ni efectivo» para liberar a los presos.
Según el Foro Penal, no se cumplen con los requisitos legales para lograr la libertad absoluta de los apresados.
Romero y Himiob insistieron en denunciar que las autoridades aplican la «puerta giratoria» para mantener a personas presas por razones políticas. Denunciaron que se habla de 48 excarcelaciones realizadas en diciembre, pero «nadie está hablando de los nuevos presos políticos», apuntaron.
Romero, que criticó que la oposición considere «antipático» al Foro Penal, señaló que el diálogo debe incluir al secretario general de la OEA, Luis Almagro y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Explicó que el FPV envió un informe con esa propuesta y «ningún sector ha dado respuesta».
También criticó que la respuesta sea que el gobierno no quiera a Almagro en las reuniones:»¿Se hará lo que quiera el gobierno? Es el gobierno quien mantiene presas a personas por razones políticas», expresó.
Por otro lado, Alfredo Romero denunció que al menos, 15 % de los privados de libertad han denunciado torturas y tratos crueles, incluyendo abusos sexuales y descargas eléctricas. «Son muchos los casos», dijo sin especificar.
Desaparecidos y refugiados
El Foro Penal, además, denunció dos violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. La primera es una nueva «modalidad de desaparición forzada de largo plazo». Es decir, ya pasan varias horas sin que se informe el lugar donde se encuentra la persona detenida. Para Romero, «la situación de represión no ha mejorado. Ha empeorado gravemente», por lo que pidió a los políticos, «no engañar a la gente».
Ante estas desapariciones, Romero informó que han hecho las denuncias formales ante el llamado grupo de desapariciones forzadas.
La segunda irregularidad es la de los «refugiados políticos», afirmó el activista. Aquellas personas que huyen del país por un «temor fundado a ser perseguidos por el gobierno». En relación con los supuestos «destierros» de los que habrían sido notificados algunos ex carcelados en diciembre, Himiob insistió que es ilegal y que se trataría de un destierro forzado.
Indicó que están estudiando los casos aunque no quiso dar nombres.
En números
El Foro Penal aseguró que, desde abril hasta agosto, septiembre de 2017, hubo 703 excarcelaciones. A pesar que pueda impresionar este número, los nuevos presos políticos registrados en Venezuela fue de 848.
Es por esto que aseguraron que desde el proceso de diálogo se frenaron las liberaciones. Romero explicó que, en promedio se venían liberando a 30 personas por semana. Hasta que llegó el proceso diálogo, añadió.
Himiob, por su parte, ajustó la estadística. Según explicó, desde 2014 había 1.283 presos políticos. En total, se habían liberado hasta agosto, septiembre a 1.020 personas.
En los últimos meses de 2017, hubo 20 nuevos arrestos, de los cuales, 18 casos ya estarían «identificados» por el Foro Penal. Uno de ellos, el caso de un periodista brasileño a quien no solo lo privaron «ilegalmente» de su libertad sino que luego, lo deportaron.
De esos 18 casos, hay ya cuatro personas privadas y cinco, cuyo destino es «incierto», dijo Himiob ya que no han sido presentadas. «El gobierno lo que ha hecho es liberar espacio en centros de reclusión para volver a meter a gente presa», sentenció.
Al día de hoy, 11 de enero, el Foro Penal contabiliza 214 presos políticos.
El caso de Jamynson Jiménez
Un caso que refleja las desapariciones forzadas de denunciadas por Romero es la de Jamyson Jiménez.
Jiménez, trabaja en el Ministerio de Comunicación e Información desde hace siete años. Se desempeñaba como diseñador gráfico y trabajo en múltiples campañas.El 4 de enero de 2018, Jamyson desapareció. Su esposa, Cindy Portillo, explicó a El Estímulo que Jamyson salió ese día de su casa muy temprano para ir a trabajar.
A las 4 de la tarde la llamó para decirle que saldría temprano. A las 7 de la noche, Jamyson no había llegado y ella empezó a llamarlo. Su teléfono estuvo apagado hasta las 9 de la noche que le contesto «alterado y nervioso», según ella.
Cindy pudo hablar con él en dos oportunidades. En ambas, ella insistió en que él estaba «ansioso» y que se escuchan personas al fondo. Jamyson le decía que aún no había salido del trabajo.
Sin embargo, su esposo nunca llegó. A la una de la madrugada fue la última vez que Jamyson leyó, supone su esposa, los mensajes que ella le enviaba por WhatsApp. Al día siguiente, Cindy acudió a la sede ministerial.
Allí, habló con la viceministra, André Hermoso, quien no supo darle respuesta del paradero de su esposo. Trabajadores del Minci le enseñaron las cámaras de la entrada dónde se ve entrar a la sede a Jamyson pero nunca salir.
«Nadie lo vio. Ni que fuera un fastasma», dijo Cindy, quien acudió a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc). En ninguno le dan respuestas.
Tampoco en la fiscalía donde le dijeron que no podían tomar su denuncia hasta que transcurrieran 72 horas- y el miércoles no la recibieron- ni en la defensoria, instancia que le dijo que le darían respuesta en 20 días.
¿Por qué él?
Jamyson es amigo de la infancia del ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, quien es buscado por el gobierno luego de sublevarse en junio de 2017. Además, ambos son masones y pertenecen a la misma logia.
Días después de que Pérez tomara un helicóptero y sobrevolara organismo gubernamentales, Jiménez fue «visitado» por funcionarios del Cicpc e interrogado por varias horas. Desde ese episodio, no había pasado nada más, según recuerda su esposa que asume que su desaparición es producto de esa amistad.
Portillo también asegura que su esposo no tuvo más comunicación con Pérez desde el «incidente» del helicóptero. Para el Foro estaré caso es «muy grave» pues lo califican de «desaparición forzada».
Presos políticos de facto
Uno de los casos que recordaron desde el Foro Penal es el de Juan Pedro Lares, hijo del ex alcalde, Omar Lares, quien se encuentra privado de libertad en el Helicoide, sede de la policia política del gobierno, desde hace seis mes y aún no ha sido presentado ante tribunales.