¿Será 2024 un año de fuerte recuperación de la industria petrolera y de la economía venezolana en general, como ansían muchos? ¿Gana el optimismo o la incertidumbre? Esto muestran las evidencias.
En los últimos meses algunos «optimistas exuberantes» han redoblado sus apuestas de que este 2024 traerá consigo un nuevo escenario para la economía venezolana, a partir de la ansiada reactivación del sector de petróleo y energía, ese motor que lleva años pasando aceite y perdiendo compresión.
Algunas personas comunes todavía creen que este año fluirá con fuerza el dinero para invertir en la industria petrolera y sus actividades conexas, lo que significaría a su vez dinamizar otros sectores que van del inmobiliario a la construcción, el transporte, tecnología, servicios financieros y hasta consumo masivo.
Un hito en la forja de esta idea esperanzadora fue la relajación parcial de las sanciones en octubre pasado, en medio de un difícil acuerdo alcanzado entre el gobierno de Estados Unidos y el de Nicolás Maduro.
El punto central es la exigencia de que el chavismo conceda algo que no le pertenece y que está en la Constitución y las leyes de Venezuela: unas elecciones limpias, democráticas, transparentes y con libertades políticas plenas para todo opositor que quiera participar.
En las últimas semanas de 2023 algunos hechos e indicios concretos dan señales de la reactivación gradual de la industria petrolera venezolana y de los primeros resultados en materia económica de la flexibilización de las sanciones:
El 21 de noviembre en un acto oficial el gobierno de Maduro otorgó la primera licencia para la extracción, producción y exportación de gas en “Campo Dragón” (aguas afuera del estado Sucre) a la estatal National Gas Company (NGC) de Trinidad y Tobago en sociedad con la trasnacional Shell.
«La firma de esta licencia entre el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, y el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young, consolida una alianza gasífera estratégica de proyección internacional», señala la información oficial.
La concesión tiene una duración de 30 años y se van a producir en una primera fase unos 185 millones de pies cúbicos diarios de gas (equivalentes a unos 32.790 barriles por día (bpd) de petróleo) que serán trasladados en gasoductos para atender el mercado petroquímico y las plantas de gas en Trinidad y Tobago.
Este arreglo estuvo en negociaciones durante seis años y “por primera vez Venezuela va a producir y exportar gas”, destacó la vice presidenta Delcy Rodríguez en el acto de firma.
Dos días antes, el 19 de diciembre, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la Refinería di Kòrsou (RdK) de Curazao firmaron un acuerdo para reactivar las relaciones comerciales.
El convenio establece acuerdos generales para el restablecer las operaciones comerciales y financieras entre las dos petroleras estatales y tendrá un impacto favorable para las economías de ambos países, ya que estaría asociado a la reactivación de la antigua Refinería Isla, con capacidad de procesamiento de 335 mil barriles diarios.
«Con este convenio, se normalizarán las relaciones entre ambas empresas (PDVSA y RDK), se obtendrán beneficios económicos y se recuperará el papel de Curazao como aliado estratégico de PDVSA», según la información oficial.
Como lo reporta la agencia Bloomberg, la Refinería Isla necesita $2.000 millones en inversiones para restaurar su capacidad de procesamiento de 335.00 barriles por día y adaptarse a las exigencias ambientales modernas. Desde hace tiempo intenta cobrarle a PDVSA $1.000 millones en deudas pendientes.
Durante décadas la refinería di Korsou, o refinería Isla para los venezolanos, fue parte del circuito refinador internacional de Pdvsa, que era su arrendataria. Pero con la quiebra técnica de la estatal venezolana y el posterior impacto adicional del recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen que encabeza Maduro terminó paralizada por completo.
Hoy día está recibiendo mantenimiento y reparaciones por la firma estadounidense Global Oil Management Group LLC (“GOMG”), que firmó un contrato para procesar 30.000 bpd y operarla a través de su subsidiaria Curacao Oil Refining and Trading (“CORT”).
El reinicio de operaciones está previsto para el segundo trimestre de 2024 y «Curazao va volver a ser un importante suplidor de asfalto de calidad para los mercados de Estados Unidos, América Latina y el Caribe», según GOMG.
La empresa refinadora buscaba una licencia de Estados Unidos para revender el petróleo venezolano que recibiría como parte de pago, señala Bloomberg.
«Este es un acuerdo justo para Curazao y también para PDVSA, que abre el camino para unacooperación más estrechaen el futuro», dijo en un evento retransmitido Patrick Newton, director de Refineria di Korsou (RdK), propietaria de la refinería, citado por la agencia Reuters en una nota recogida por El Economista, de México.
Otro hito importante es la firma -el 18 de diciembre- de un nuevo convenio marco entre PDVSA y la trasnacional española Repsol en torno a la empresa mixta Petroquiriquire, que opera en los estados Monagas, Zulia, Falcón y Trujillo.
Con una producción de unos 20.000 barriles por día, Petroquiriquire es una de las empresas mixtas en las que Pdvsa tiene 60% del control y sus socios, en este caso Repsol, el 40%.
El convenio no deja claro cuál es el aumento previsto en la producción, aunque se prevé que Repsol podrá comenzar a cobrarse parte de la deuda acumulada por la morosa Pdvsa.
Repsol reporta un resultado neto de 2.785 millones de euros por sus operaciones internacionales, una contribución fiscal de 10.890 millones de euros, una producción de 600.000 bpd a septiembre (casi 10% más que en 2022).
Estas cifras ilustran cómo sus operaciones en Venezuela son hoy más bien marginales, si se considera que el crudo venezolano abastece el 4% de las necesidades de sus refinerías.
La firma española logró en mayo de 2022 una flexibilización de las sanciones de la OFAC para cobrarse con petróleo parte de la deuda de Pdvsa. En el tercer trimestre de 2023 ya recibió cargamentos por tres millones de barriles de petróleo venezolano.
La relajación de las sanciones estadounidenses que afectan al sector petrolero es una buena noticia para Repsol, «ya que se traducirá en futuras oportunidades de desarrollo, aumentará la disponibilidad de crudo pesado para nuestras refinerías», dijo a inversionistas el 26 de octubre pasado Josu Jon Imaz San Miguel, director ejecutivo de Repsol, S.A.
«Tenemos la oportunidad de crear valor allí, para mejorar nuestra operación, elevar la producción de petróleo. También tenemos margen para aumentar la velocidad de pago de la deuda con respecto al pasado», agregó.
En 2018, cuando se agravó la industria petrolera venezolana, Repsol contabilizaba 1.159 millones de euros en la picota por los riesgos de sus operaciones en Venezuela, que le debe hoy 411 millones de euros.
«Hemos mantenido en tiempos difíciles nuestra posición en el país. Así que somos un buen operador en Venezuela. Estamos produciendo de buena manera y con posibilidades de aumentar nuestra producción de gas que podría satisfacer las necesidades del país, incluso podría ser exportado en un futuro cercano», dijo San Miguel sobre un sector de gran interés para Europa, el del gas natural.
La producción total de Petroquiriquire y Petrocarabobo estaba entre 22.000, 23.000 bpd en 2022, dijo entonces.
Pero la apuesta principal de Repsol en Venezuela es el gas natural, pues participa en el campo Perla, un gigantesco yacimiento en aguas someras del este del golfo de Venezuela, descubierto en 2009 junto con la italiana ENI en el Bloque Cardón IV, y reportado entonces como uno de los más importantes del mundo.
El megacampo Perla contiene alrededor de 17 billones de pies cúbicos (TCF en sus siglas en inglés) de gas in situ, equivalentes a 3.000 millones de barriles de petróleo, aproximadamente, decía Repsol en sus informes.
En su momentos estaba prevista una inversión de $1.200 millones para comenzar su explotación en un contrato vigente hasta 2036.
La guerra de Rusia contra Ucrania, y la inconveniente dependencia de España y toda Europa al gas ruso, ha resucitado el interés mundial en proyectos como el de Perla. Esto ha resaltado el valor geoestratégico de solucionar la situación política y económica en Venezuela, país que estaría hoy en una situación de vanguardia si hace décadas hubiera desarrollado al menos una parte de su inmenso potencial en la industria de los hidrocarburos.
El primer pozo operativo para sacar gas de Perla se completó en 2015. En este lento proceso entre el deterioro de Pdvsa, los cambios en las reglas con sus socios y la sanciones de Estados Unidos, fue apenas en mayo de 2023 que se logró el primer permiso de exportación de este gas.
Por eso el alivio de las sanciones a Pdvsa y sus socios conviene más a Europa y a Estados Unidos que a la propia Venezuela, coinciden analistas.
Aparte de estos acuerdos con los que cerró 2023, ya en este enero se conoce que «Pdvsa acordó entregar parte del petróleo a la empresa india ONGC Videsh para ayudarla a recuperar su dividendo pendiente de $600 millones por una participación del 40% en el campo San Cristóbal en la Faja de Petróleo Pesado del Orinoco», según dijo el secretario de Petróleo de India, Pankaj Jain, a periodistas en Nueva Delhi, citado por la agencia Reuters.
Todos estos acuerdos tienen en común el pago de deudas viejas de Pdvsa con sus socios, deudas que se agravaron con el colapso gerencial y operativo de la empresa, la caída en picada de su producción propia y la corrupción interna que desvió miles de millones de dólares de proyectos nunca terminados.
Se suma el incumplimiento de pagos de facturas con proveedores de bienes y servicios. Y de su deuda financiera, desde que en 2017 Maduro declaró un default (impagos) unilateral de la cuantiosa deuda externa de Venezuela.
Como primer paso estos acuerdos con antiguos y nuevos socios son necesarios porque Pdvsa y la República necesitan rescatar las mejores relaciones con empresas que la ayudarán a levantar con fuerza la producción de crudo y gas y a regresar un día como actor fuerte a los mercados petroleros internacionales.
Por cierto que en octubre pasado Maduro celebró los acuerdos con Washington y el alivio de las sanciones como el reingreso de Venezuela a los mercados petroleros globales. Más tarde, en diciembre, diría que Estados Unidos no ha cumplido en casi nada.
Pero las evidencias indican que al menos sí se ha mejorado el suministro directo de petróleo venezolano a Estados Unidos, que en el pasado era su principal mercado importador y además principal proveedor de naftas y gasolina.
Paralizadas durante tres años desde 2019 con el recrudecimiento de las sanciones, las exportaciones de crudos venezolanos y productos a Estados Unidos se retomaron este 2023 y sumaron 40.000 bpd en enero pasado y treparon hasta 166.000 bpd a octubre pasado, según datos de la Agencia de Información de Energía del gobierno de Estados Unidos. El pico se alcanzó en mayo, con 185.00 bpd.
Las cifras están lejos de los 634.000 bpd de enero de 2019. Pero con todo y eso Venezuela es hoy el tercer proveedor de EEUU dentro de la Opep, después de Irak y Arabia Saudí.
También es verdad que Estados Unidos en los últimos años ha reducido drásticamente sus importaciones de petróleo de países conflictivos, gracias al aumento de su producción propia y a que Canadá le satisface la mitad del crudo importado.
El protagonista de este regreso del petróleo venezolano al primer mercado mundial es Chevron, el gigante que permaneció en los peores años en Venezuela gracias a periódicas renovaciones de licencias para mantener al mínimo sus operaciones.
En octubre pasado, el director ejecutivo de Chevron explicaba que la producción de la compañía en Venezuela ha aumentado a alrededor de 130.000 b/d desde los 60.000 b/d de principios de 2023.
La nueva licencia de la OFAC, explicaba, abre el campo de operaciones para otras compañías más que para Chevron y «no cambia materialmente nuestras circunstancias» en Venezuela.
«No pienso que el impacto de nuestras operaciones sea realmente significante en particular», dijo al prever una producción de 150.000 bpd para diciembre pasado.
El dinero proveniente de estas operaciones se destina a pagar gastos legítimos de funcionamiento, impuestos y regalías y a recuperar deuda. Chevron opera con el flujo de caja de esas ventas, sin emprender nuevas inversiones, aclaró su presidente.
«En realidad estamos trabajando en lo que yo llamaría restaurar la producción, lo que no es particularmente un largo ciclo de capital intensivo».
Mike Wirth, presidente ejecutivo de Chevron
«Yo esperaría que esa nuestra postura en la que nos mantendremos por un tiempo hasta que veamos cómo se desenvuelve el entorno de sanciones a largo plazo, la situación política en el país con las sanciones, las elecciones y demás», dijo Wirth al explicar que siguen avanzando en la recuperación de cuotas pasadas de la deuda.
Mike Wirth, presidente ejecutivo de Chevron
Esa deuda, según fuentes corporativas, ascendía a unos $3.000 millones de dólares cuando Chevron volvió a exportar petróleo venezolano.
Valga el título del libro famoso de Rómulo Betacourt para encauzar este debate.
La verdadera reactivación de la industria petrolera venezolana en todo su potencial necesita mucho más que acuerdos puntuales con empresas para que éstas recuperen las deudas que le debe el moroso estado venezolano chavista.
«Para nada están aún dadas las condiciones para el levantamiento de la producción petrolera, ni mucho menos para la reconstrucción de nuestra industria petrolera. Ello pasa indefectiblemente por el meridiano de la estabilidad política de nuestro país y de superar -en parte, por lo menos- la crisis económica que agobia a Venezuela desde hace no menos de 10 años. Los capitales se seguirán rehusando a invertir en un país huérfano de garantías de toda naturaleza», resume el profesor Rafael Quiroz Serano, economista petrolero.
Para que Venezuela pueda elevar significativamente su producción y recupere niveles de dos millones de bpd que desde hace años viene prometiendo el chavismo y aún más, para superar la aguda crisis energética que atraviesa el país, será necesario que lleguen masivas inversiones a los segmentos de exploración, producción, transporte, refino y distribución de derivados, según otros enfoques.
Pero es difícil que lleguen esos capitales en un país que no ofrece garantías plenas a la inversión privada, que está en el último lugar del mundo en Estado de Derecho; cuyos dirigentes son acusados internacionalmente de violaciones a los derechos humanos y atentados contra la democracia; que mantiene en incumplimiento de pagos una deuda externa que supera los 160.000 millones de dólares según algunos cálculos (incluyendo unos 30.000 millones de pagos pendientes por confiscaciones y expropiaciones de empresas nacionales y extranjeras).
El asunto Venezuela hoy adquiere dimensiones geopolíticas porque a raíz de los conflictos en Rusia/Ucrania y el Medio Oriente, mientras los consumidores en el mundo sufren mayor incertidumbre en el abastecimiento y altos precios del petróleo y el gas.
Justamente Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo globales mundo y las cuartas de gas natural.
Pero también tiene a Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López y al resto de la cúpula chavista, cuyo pragmatismo o radicalismo también están sometidos a prueba en este 2024 electoral.
Mientras, continúan las ocultas negociaciones entre Maduro y la Casa Blanca por un lado y Maduro y parte de la oposición por el otro para aliviar o levantar las sanciones, con el petróleo y las elecciones como monedas de cambio.
En esas negociaciones el chavismo exige que sean levantadas por completo todas las sanciones que pesan sobre la República, sobre la industria petrolera y sobre las grades figuras en la cúpula del poder. Eso incluye que sean eliminadas las supuestas órdenes de captura y recompensas que ofrece el gobierno de Estados Unidos, como en las películas del oeste, por la cabeza de funcionarios de alto nivel, como el propio Maduro.
«¿Elecciones libres quieren? ¿Justas y transparentes? Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas», dijo Maduro ya en octubre de 2022, cuando comenzaron las primeras flexibilizaciones para permitir a la petrolera Chevron volver a operar en Venezuela.
Desde entonces, pocas cosas han cambiado de fondo.
Pero hay dos hitos importantes: el chavismo dejó que la oposición llevara a cabo su elección primaria en octubre para escoger un candidato único a las presidenciales de 2024, y a finales de 2023 hubo un importante intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela al mejor estilo de lo que ocurría durante la Guerra Fría entre la URSS y EEUU.
La prueba de fuego ocurrirá el 18 de abril, cuando se cumplan seis meses del alivio de las sanciones y se sabrá si hay una renovación.
Algunos economistas, como José Grasso, observan que lo interesante de 2024 es que cualquier escenario «apunta a crecimiento económico lo que indica que de no ocurrir ninguna eventualidad, el crecimiento podría ser importante».
Para Grasso, si la flexibilización de sanciones continua hasta por seis meses más y el encaje bancario no es modificado, el crecimiento económico del año estaría en el rango 2%-4% y «sería motorizado por el crecimiento de la actividad petrolera y el incremento del gasto del gobierno».
En un escenario más optimista, en el que la flexibilización de sanciones continúa hasta por 12 meses con encaje bancario disminuido, la economía pudiera crecer 6%-10% y con mayores capacidades para prestar, la cartera de crédito real crecería en el rango de 15%-35%.
«Sin ir lejos con los solos anuncios de flexibilización de sanciones en materia de petróleo y gas, se ha visto con rapidez el efecto positivo del incremento de operaciones de Chevron, y convenios con Repsol, ENI, Shell, Morell & Prom, Curaçao y Trinidad Tobago, firma de un acuerdo para la exploración y la explotación de Gas no asociado en el campo Dragón, en la Península de Paria y sin duda, el potencial es infinito», apunta Grasso en un reciente artículo.
En diciembre, la firma Datanálisis estimaba un crecimiento esperado de 9,7% este 2024, si se mantiene las licencias, superando el 4,4% del PIB en el escenario sin licencias. También espera un crecimiento del consumo público y privado y un mayor gasto del gobierno en un año electoral, gracias a ingresos petroleros adicionales por mejores precios en la factura petrolera si las licencias se extienden.
Sin esas licencias que flexibilizan las sanciones vigentes, los ingresos petroleros netos serían de solo $11.600 millones, que suben hasta $18.900 millones si se extiende la licencia todo 2024, estima Datanálisis, en una presentación de Asdrúbal Oliveros.
Es un aumento crucial, en un año en el que el chavismo y la oposición tienen en las elecciones un desafío existencial.
Las cifras oficiales del gobierno venezolano están tan morosas e imprecisas como los pagos de la deuda externa. No hay datos confiables. El propio Maduro afirmó el 29 de noviembre que el sector petrolero «creció 12,99%» en el tercer trimestre del año. Pero no ofreció un comparativo ni detalles, ni cifras acumuladas.
«El ciclo de recuperación integral de la industria petrolera venezolana está alcanzando resultados positivos en cuanto a sus metas de producción y contribuyendo a fortalecer el desarrollo de la economía venezolana», dijo.
La producción de petróleo de Venezuela, reportada por el gobierno de Maduro a la Opep, cerró el tercer trimestre de 2023 en 797.000 bpd, con un aumento de 11,3% respecto al cierre de 2022, para llegar a 801.000 bpd en noviembre.
Las fuentes secundarias, que suelen tener más credibilidad, reportan una producción de 745.000 bpd a septiembre, con un aumento de 9,5% respecto a cierre de 2022. para crecer hasta 780.000 bpd en noviembre.
Con suerte este mismo año se llegaría al millón de pbd, no mucho más de eso.
Es que esta producción no puede aumentar significativamente sin nuevas perforaciones de pozos nuevos ni de mantenimiento para los antiguos. Pdvsa no tiene capacidad propia para activar sus taladros y no le ha dado resultado una alianza con empresas de China en este sentido.
En noviembre pasado sólo había dos taladros petroleros operando en Venezuela, según datos de la OPEP, contra 15 en 2020.
Cabe recordar que en noviembre pasado la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro), la que administra las licencias de las sanciones, mantuvo durante casi cinco años en fila la restricción para que las contratistas trasnacionales Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y Schlumberger operen en negocio alguno donde esté metida PDVSA.
Estas empresas, especializadas en perforación y mantenimiento de yacimientos petroleros, solo pueden mantener sus operaciones mínimas para salvaguardar y proteger sus activos ya emplazados desde hace tiempo en Venezuela, hasta nuevo aviso.
Estados Unidos indicó que la licencia solo se renovará si el chavismo cumple con el compromiso de la ruta electoral que firmó en Barbados con la oposición
El informe anual de estadísticas de la Opep, con datos de 2022, describe el estado de la industria petrolera venezolana, pero hace falta ir más allá para entender este descalabro, especialmente en producción y refinación.
Las manchas negras se ven a simple vista y afectan la vida vegetal y animal de los alrededores
